El Clúster Sociolingüístico presentó ayer los resultados de la VII medición del uso de las lenguas en la calle. Entre todos los datos aportados destaca el hecho de que el uso del euskara en la vía pública ha disminuido en un 1% en los últimos diez años. Al mismo tiempo que se hacían públicas las cifras del estudio se firmaba en Baiona un convenio de colaboración entre el Gobierno de Lakua y Euskararen Erakunde Publikoa (EEP) por el que se destinarán 1,9 millones de euros al impulso del euskara en Iparralde.

Coincidencia o no, lo cierto es que ambas noticias componen de manera bastante completa el contexto en el que se mueve en la actualidad la normalización del euskara. Por un lado, se constata un retroceso en el uso –confirmado por la medición del Clúster– que da cuenta, cuando menos, de un agotamiento del modelo seguido hasta ahora para la normalización y el desarrollo de la lengua vasca. Con sus aciertos y errores, los límites de la política actual son cada vez más evidentes. Por otro lado, el convenio firmado entre administraciones habla de recursos públicos invertidos –y de los que se continúan invirtiendo– en el fomento del euskara. Los resultados en el uso del euskara urgen a analizar la suficiencia de los medios invertidos pero, sobre todo, la eficiencia en su utilización. Conviene no olvidar, asimismo, que lo firmado ayer es el desarrollo de un convenio que rubricaron por primera vez todas las instituciones de todos los territorios de Euskal Herria hace escasamente un mes, muestra fehaciente de la larga ausencia de una estrategia común en el ámbito de la lengua, sin la cual avanzar es tarea poco menos que imposible.

El sociolingüístico es un debate de país pendiente que es cada vez más urgente abordar. Hacer balance de lo conseguido, extraer lecciones de los errores y, sobre todo, proyectar las conclusiones en una estrategia políticamente compartida, económicamente eficiente y socialmente motivadora resulta clave para superar el actual impasse.