Catalunya ignora al Estado y pone la directa hacia el referéndum del 1-O

Poco caso se hizo ayer en Catalunya a las amenazas de la Fiscalía, las advertencias de Moncloa y las suspensiones del Tribunal Constitucional. El Parlament impulsó la Ley de Transitorietat Jurídica, más de la mitad de los ayuntamientos se comprometieron con el 1-O e infinidad de medidas pusieron en marcha el engranaje del plebiscito.

Tras el ruido del interminable pleno del miércoles, ayer fue, probablemente, el día en que el Estado español comprobó que no va a parar el 1-O con advertencias y suspensiones. Es decir, que las instituciones catalanas tienen la determinación de llegar hasta el final con el plebiscito. «Ningún Consejo de Ministros ni ningún tribunal desprestigiado suspenderá la democracia en Catalunya», dijo el president, Carles Puigdemont.

Así lo demostraron los grupos parlamentarios independentistas respondiendo a las advertencias del Gobierno español, del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía General del Estado con el debate y votación de la Ley de Transitoriedad Jurídica.

Una norma que JxSí y la CUP introdujeron en el orden del día al mediodía y que no se pudo empezar a debatir hasta pasadas las 23.00, debido de nuevo a los largos debates procedimentales y a las eternas reuniones de la Mesa del Parlament y de la Junta de Portavoces provocadas por C’s, PSC y PP. De hecho, al cierre de esta edición el debate del Parlament seguía todavía en marcha, aunque tanto desde JxSí como desde la CUP aseguraban que se votaría y aprobaría «sí o sí» durante la sesión.

Es de prever, por tanto, que a estas horas la Ley de Transitoriedad Jurídica será una norma ya aprobada –si no lo será a lo largo de esta mañana–. Se trata de la norma clave a la hora de garantizar el carácter vinculante del 1-O, ya que es la ley que debe garantizar un tránsito ordenado de la legalidad española a la legalidad catalana en caso de victoria del Sí en el referéndum. Es también la norma que, a modo de una pequeña y temporal Constitución, debería regir durante el primer año de la hipotética República catalana, antes de que la Asamblea Constituyente elabore una nueva Carta Magna que luego la ciudadanía deberá refrendar. Carne de Constitucional, por tanto, y nuevo foco de choque con el Estado.

Cascada de consistorios

Pero la respuesta a las amenazas del Estado no vino solo desde el Parlament. Puigdemont y el vicepresident, Oriol Junqueras, enviaron una carta la noche del lunes al martes a los 947 ayuntamientos catalanes, a los que pedían aclarar en 48 horas su disposición a ceder los habituales lugares de votación para el 1-O. Solo en las primeras horas anunciaron su compromiso con el referéndum 560 –más de la mitad–, entre ellos los de ciudades de peso como Badalona, Terrassa, Sabadell o Girona.

Otras urbes importantes como Tarragona o Lleida –en manos del PSC–, sin embargo, anunciaron que rechazan colaborar, por lo que el Govern tendrá que buscar locales alternativos. Hoy se tendrá que aclarar, además, qué decisión toma Barcelona (ver página 4).

Todo el mecanismo en marcha

Junto a estas actuaciones del Parlament, el Govern y los ayuntamientos, a estas horas están en marcha ya infinidad de iniciativas que forman parte del engranaje que debe hacer posible la celebración del referéndum. Muchas de ellas derivan del decreto de medidas complementarias que Junqueras, como principal responsable de la Autoridad Electoral del Govern, firmó el lunes a la noche junto al decreto de convocatoria del 1-O.

Se trata de un decreto de 22 páginas con multitud de aspectos técnicos destinados a determinar el modo en el que se tienen que desarrollar aspectos cruciales como el censo electoral, las mesas y las secciones electorales, cómo deben ser las urnas, las papeletas, cómo debe ser la campaña electoral y el papel de los medios en ella, y un largo etc. Por cierto, los grandes medios se han negado, por temor o por convicción, a reproducir la campaña institucional del Govern.

Este texto se queda corto, en cualquier caso, para explicar todas las medidas puestas en marcha –16.000 voluntarios, Sindicatura Electoral y web del referéndum, por ejemplo– para hacer posible el 1-O. Una cita incierta a día de hoy, pero en el camino a la cual Catalunya no parece que vaya a recular.