El periodista turco-sueco Hamza Yalçin lleva más de un mes en prisión en una cárcel catalana después de que España aplicara una orden de Interpol cursada por la Justicia turca que le acusa de dirigir un grupo «terrorista» y de insultar al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. La Audiencia Nacional española avaló la detención y se niega a conceder su libertad provisional.

El caso de Yalçin es uno de los últimos que se suman a los cientos de encarcelados por el régimen de Erdogan, entre los que se encuentran al menos 170 periodistas, a lo que se añade el cierre de numerosos medios turcos, y sobre todo kurdos.

En el caso de Yalçin, si no fuera suficiente la ayuda a Ankara de la policía y tribunales españoles, me temo que el Gobierno turco haya encontrado un inesperado apoyo. El exjuez Baltasar Garzón ha anunciado que defenderá «pro bono» (para el bien público) al periodista al ver vulnerados sus derechos.

Que quien cerró Egin y Egin Irratia y envió a prisión a periodistas y directivos con similares argumentos a los que ahora utilizan los tribunales turcos para perseguir a medios y periodistas en Turquía asuma esa defensa parece un regalo para la acusación, que solo podría presentarle un copia-pega del delirante auto del exjuez de la Audiencia Nacional.

«No somos un país al que Europa pueda criticar, señalar con su dedo y regañar sin que se miren en un espejo», afirmó Erdogan en 2014 sobre la detención de periodistas.

Erdogan sabe de lo que habla y Garzón acude a recordárselo.