«Solo se les pide una cosa: que cumplan la Ley, que es una cosa muy razonable, y que no colaboren en la celebración de un referéndum ilegal». El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, resumió así ayer su demanda a los responsables municipales de Catalunya. Pero quizá llega tarde. Unas horas antes, la mayoría de los 712 alcaldes amenazados por la Fiscalía General del Estado –cinco de ellos han sido ya llamados a declarar– se dieron cita en la plaza Sant Jaume de Barcelona, en la que sin duda fue la imagen del día.

Tanto por la cantidad de alcaldes que llegaron desde todos los rincones del Principat –son el 75% de los municipios de toda Catalunya– como por los dos anfitriones: Carles Puigdemont y Ada Colau son los amos de las llaves de los dos edificios que custodian la céntrica plaza barcelonesa –Palau de la Generalitat y Ayuntamiento–, y compartieron el recibimiento al peculiar cortejo compuesto por los alcaldes, la mayoría con sus varas de mando en las manos.

El Estado español está consiguiendo lo que el independentismo por si solo difícilmente conseguiría: el compromiso paulatino de Ada Colau –líder indiscutible de los comuns, además de alcaldesa– con el 1-O. Hace una semana resultaba sencillamente impensable que la exportavoz de la PAH encabezase una movilización de apoyo a alcaldes amenazados al lado de Puigdemont, pero ayer no dudó en hacerlo. Y además, aparcando el debate sobre la independencia y defendiendo las libertades; es decir, apelando al discurso en el que el referéndum más terreno tiene para ganar.

«Esto no va de independencia sí o no, sino de defender las libertades», aseguró Colau, que aprovechó para mostrar toda su «solidaridad» a los alcaldes amenazados. «Es una vergüenza que el Estado sea incapaz de escuchar al pueblo de Catalunya», consideró.

«El Estado debe saber que Catalunya es un solo pueblo, y eso lo defenderemos con la unidad de toda la sociedad catalana. Nos encontrarán unidos y unidas», culminó Colau de forma contundente.

Tampoco se quedó manco el president, que aprovechó para contestar a las palabras de Rajoy en la víspera, cuando recomendó a los catalanes no menospreciar el poder de un Estado. «Que no subestimen la fuerza de un pueblo que ha tomado la decisión de decidir», clamó Puigdemont, que se dirigió directamente a los alcaldes: «Os temen, porque saben que estaréis al lado de vuestros vecinos, y porque saben que vuestros vecinos estarán con vosotros, que no estaréis solos». «Hoy no hacemos una demostración de fuerza, sino de dignidad, de firmeza y de persistencia. El día 1 votaremos, no solo porque tenemos derecho, no solo porque es legal, sino porque escuchando el pueblo de Catalunya, nos dice ‘queremos votar’. Y votaremos», concluyó Puigdemont.

Grietas en el Estado

Al reguero de noticias sobre el 1-O que copan las principales cabeceras internacionales –valga como resumen la viñeta de “Politico”: un jugador con la camiseta de Catalunya chuta una urna por toda la escuadra a un portero español–, se unieron ayer dos nuevos tantos para el marcador catalán, que suma gestos pese a la evidente desigualdad del partido.

Por un lado, la responsable de Asuntos Exteriores del Gobierno escocés, Fiona Hyslop, emitió un comunicado defendiendo el referéndum del 1-O en nombre del derecho a la autodeterminación de todos los pueblos.

Otro gol, discreto, lo encajó Madrid desde territorio propio. El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín consideró que «las querellas por el referéndum no se ajustan a la legalidad». «No es factible y es irracional intentar parar una riada con la ley y las fuerzas de seguridad», añadió un Martín Pallín que, no obstante, consideró el 1-O sin las suficientes garantías como para ser reconocido internacionalmente.

 

Cómo evitar la propaganda del 1-O, según la Guardia Civil

Es imposible que, a estas alturas, haya alguien en Catalunya que no sepa que hay un referéndum convocado. Tampoco en España. De ello se encargó ayer el ministro de Interior, José Ignacio Zoido, que publicó en Twitter el vídeo de las planchas requisadas por la Guardia Civil en Sant Adrià del Besós (Barcelona). Los publicistas del referéndum no podrían haber ideado una campaña más efectiva.

Concretamente, la Guardia Civil se personó ayer en las instalaciones de la imprenta Zukoy, de donde se llevó varias planchas para imprimir carteles institucionales a favor de la participación en el referéndum. «A diferencia de las actuaciones realizadas en el día de ayer, hoy se han incautado las planchas que sirven de matriz para la elaboración de esos carteles, por lo que de esta manera se imposibilita que se siga imprimiendo», informó, muy seriamente, el Ministerio de Interior.

Hubo más. Dada la dificultad de cerrar las webs del referéndum alojadas en servidores de otros países, la Guardia Civil ordenó ayer a proveedores de internet como Movistar y Vodafone cerrar el acceso a dichas páginas. Algo que se cumplió en algunos casos, pero no en otros muchos. Al cierre de esta edición, quien esto escribe seguía pudiendo consultar el portal oficial del 1-O.

Finalmente, otra prohibición quedó ayer desbordada por la afluencia de gente en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), donde la alcaldesa, Núria Parlón (PSC), había prohibido un acto a favor del referéndum con el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, como protagonista. El acto se celebró con toda normalidad.B.Z.