20 SET. 2017 EDITORIALA Administración colonial en Euskal Herria Apunto de cumplirse seis años de la fecha en que ETA anunció el fin de su actividad armada, el Gobierno español continúa pagando incentivos de peligrosidad a funcionarios destinados en Euskal Herria. Las cifras no son pecata minuta. Hay más de 6.500 empleados públicos cobrando pluses que suponen un gasto de alrededor de 60 millones de euros al año. Una cifra similar a lo que gastará este año, por ejemplo, el Gobierno de Lakua en el programa de política familiar y comunitaria. Y eso sin contar los gastos indirectos que generan otro tipo de incentivos como el mayor número de días libres de que disfrutan. A estas alturas continuar manteniendo esos pagos carece de todo sentido y todo indica que de momento no se ha decidido suprimir esas gratificaciones. El Ejecutivo español sigue tomando decisiones con una mentalidad regida por la lógica de la guerra. Pero, desaparecida la actividad armada de ETA, continuar abonando esos pluses no hace más que subrayar el carácter diferencial de Euskal Herria. Así como en la etapa colonial se pagaba una compensación a los funcionarios para que sirvieran en destinos alejados de la metrópoli, ahora se abona para destinos que en Madrid consideran poco estimulantes. Una mentalidad imperial que impide que la ciudadanía disfrute plenamente del dividendo de la paz. A fin de cuentas, el pueblo llano continúa pagando por medio de sus impuestos estas contribuciones de guerra, y además deja de recibir inversiones en políticas sociales o de desarrollo. El despilfarro de dinero público pagando incentivos a los funcionarios destinados en Euskal Herria bajo la rúbrica de «incentivos de peligrosidad» contrasta poderosamente con la obsesiva persecución al Gobierno catalán y la intervención explícita de sus cuentas para que no pueda pagar los gastos relacionados con el referéndum organizado para el 1 de octubre. Paternalismo imperial que no hace más que subrayar el hecho diferencial.