Procesos constituyentes, mejor tres que uno

En una pirueta casi sarcástica, el líder –o al menos secretario general– del PSOE, Pedro Sánchez, utilizó la misma rueda de prensa en que validaba la aplicación del artículo 155 de la Constitución contra Catalunya para asegurar que ha acordado con Mariano Rajoy abordar un proceso de reforma constitucional. La artimaña responde por un lado a la evidente necesidad de autojustificarse, y por otro a aparentar ante la comunidad internacional que Madrid no tiene hoy respuesta a la demanda democrática catalana pero quizás sí la pueda tener dentro de un tiempo impreciso.

Hay más elementos que hacen inverosímil un auténtico proceso (re)constituyente español. Para empezar, en 40 años no ha habido voluntad de desarrollar siquiera la escasa potencialidad del marco de 1978; a la CAV se le deben aún 37 transferencias, a Nafarroa ni se le permitió votar su Amejoramiento por si acaso, y Catalunya se rige –como recordó su president anteayer– por un Estatut «irreconocible», que no es el que votó en 2010 sino el que luego cercenó el Tribunal Constitucional. Por otro lado, en la última década, como dijo también Carles Puigdemont y contrariamente a lo que suele vender Iñigo Urkullu, la situación no mejora; al contrario, lo que avanza poderosamente es la recentralización. Además, la relación de fuerzas en el conjunto del Estado, ni la actual ni cualquiera de las anteriores, no permite ver una opción real de democratización.

Frente a ello en Catalunya se toca ya con los dedos el inicio de un proceso constituyente propio, incluido en la Ley de Transitoriedad Jurídica ya aprobada, para crear una República catalana. En Euskal Herria hay mayorías que permiten avanzar por esa línea, aunque no han sido activadas. España tendrá que decidir si sigue insuflando oxígeno a su decrépito Régimen de 1978, si lo entierra o si lo resucita empeorado, lo que tampoco resulta descartable una vez abierto el melón. Pero ni Catalunya ni Euskal Herria tienen motivo alguno ni para confiar ni para esperar.