La largamente anunciada reforma fiscal se ha quedado finalmente en una serie de ajustes y retoques en varios impuestos, según la información que fueron publicando a lo largo del día las tres diputaciones forales en sus páginas web. Tiempo habrá para valorar en profundidad los cambios acordados entre PNV y PSE. Por de pronto, durante la jornada de ayer nadie quiso poner rostro al acuerdo.

Como suele ocurrir en estos casos, los partidos que gobiernan las diputaciones han tratado de tapar las miserias propias señalando los defectos ajenos. Así, mediante comentarios y filtraciones interesadas han estado apuntando a los supuestos perjuicios ocasionados por el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas aprobado la pasada legislatura por Bildu y PSE en Gipuzkoa. La modificación de ese impuesto parece ser el principal cambio: las tres haciendas volverán a tener el mismo Impuesto sobre el Patrimonio.

Conviene, sin embargo, matizar un poco qué es lo que realmente va a cambiar. El Impuesto sobre la Riqueza desapareció, en realidad, a finales de 2015 cuando el Gobierno presidido por Markel Olano dejó exentas las participaciones empresariales, tal y como había pedido insistentemente el lobby representado por Adegi. Eso significaba reducir en alrededor de un 20% la riqueza que gravaba el impuesto y, por tanto, perder recaudación. Para compensar esa pérdida de ingresos por la exención de las participaciones empresariales, que afectaba también al sistema de reparto con el resto de diputaciones, decidieron cargar más la riqueza que sí seguía gravada. De este modo subieron la presión fiscal a algunos ricos mientras se la bajaban a otros, rompiendo la equidad y destrozando la coherencia del impuesto, pero manteniendo su antiguo nombre.

Y ahora, en un ejercicio de cinismo político, quieren atribuir los males de una chapuza decidida y consumada por el Gobierno de Markel Olano para satisfacer al lobby que le aupó al poder al anterior Ejecutivo foral. La confirmación de un fiasco.