Encarcelan la solidaridad, crece la deriva represiva

Hoy entrará en prisión el vecino de Bilbo, Alfredo Remírez, más conocido como @erreharria, por haber sacado durante el txupinazo de las fiestas de Amurrio unos muñecos que representaban a dos amigos presos. A principios de este año también fue juzgado, acusado esta vez de «enaltecimiento» por varios comentarios publicados en twitter. Llegó a un acuerdo con la acusación para evitar su ingreso en prisión que finalmente se producirá por los dos muñecos con los que denunció la dispersión en Amurrio hace ya doce años. Una injusticia, un atropello y un abuso tremendo que pretende criminalizar la solidaridad con los presos y sus familiares.

Criminalizar la opinión política se está convirtiendo en algo cotidiano en el Estado español, donde el recorte de derechos y libertades se extiende como una mancha de aceite sobre cualquier tipo de protesta, acción u opinión que cuestione el orden establecido. Una legislación especial que vulnera derechos básicos, como la llamada ley Mordaza, y la persecución policial a una determinada clase de opiniones políticas ha hecho que las condenas por «enaltecimiento» o «humillación» se disparen en todo el Estado durante los últimos años. Este hecho contrasta con la condescendencia hacia declaraciones de grupúsculos fascistas y la permisividad hacia sus actuaciones, muchas veces violentas. Esta semana, sin ir más lejos, han vuelto a retrasar su ingreso en prisión a los condenados por atacar la librería Blanquerna en la Diada del 2013, precisamente la víspera de que una jueza de la Audiencia Nacional enviara a prisión al legitimo Govern de Catalunya.

La deriva autoritaria, represora y neofranquista del Estado español está mostrando la verdadera calidad de la democracia que esconde en sus entrañas. Cuanto más cuestionado está el régimen, más violenta es su respuesta. Por ello conviene no olvidar que la ola represiva terminará alcanzando a todo el mundo, si antes no le ponemos freno.