Un nueve de noviembre de hace cinco años Amaia Egaña, vecina de Barakaldo, se suicidaba cuando iba a ser desahuciada. Más de veinte mil personas salieron a la calle denunciando los recortes sociales y la vulneración del derecho fundamental a una vivienda.

Desde entonces muchas cosas han cambiado. Ese mismo año, las plataformas antidesahucios recogían un millón y medio de firmas en todo el Estado, ochenta mil en Euskadi, en apoyo de una iniciativa legislativa popular que cambiase de raíz la legislación que estaba amparando que miles de familias perdieran su vivienda habitual y arrastraran deudas impagables de por vida.

Fueron ejecuciones hipotecarias basadas en cláusulas que hoy sabemos que eran abusivas, como por ejemplo, la de vencimiento anticipado que permitía exigir la totalidad del préstamo por el impago de una cuota, y después subastar la casa. O como la de los intereses de demora con tipos del 18% y superiores; o la cláusula suelo; o el uso del IRPH para el cálculo de intereses que hoy están siendo declarados abusivos y nulos. Los bancos se adjudicaban las viviendas por el cincuenta por ciento del valor de tasación y luego reclamaban y perseguían la deuda restante a quienes sabían que no tenían medios.

La acción de las PAHs, combinando la movilización social, la intermediación institucional, y la denuncia de cláusulas abusivas, ha conseguido que la legislación, aunque lentamente, haya ido cambiando, y que el Tribunal de Justicia Europeo haya denunciado la Ley Hipotecaria española, el procedimiento de ejecución hipotecaria, o las cláusulas abusivas.

Hoy los bancos no se atreven a desahuciar. Admiten aplicar la carencia durante cinco años en aplicación del código de buenas prácticas bancarias, e incluso la dación en pago con alquiler social, y siguen enfrentados en los juzgados a la campaña de Stop Desahucios Euskadi para rescatar familias que fueron desahuciadas en la más absoluta impunidad.

A pesar de ello, la desigualdad y la pobreza ha crecido, y los desahucios por impago de alquiler han aumentado de forma espectacular. Ello es debido a una Ley de Arrendamientos Urbanos restrictiva, a la especulación de los alquileres, a un insuficiente parque de viviendas de alquiler social, y sobre todo, a que el Gobierno Vasco no tiene voluntad de enfrentar la grave situación de emergencia habitacional que vivimos, como lo demuestra que solo un 2% del presupuesto de la CAV para 2018 se dedique a la consejería de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, y que el derecho subjetivo a una vivienda se esté reduciendo a una ayuda de 250 euros, congelada nuevamente para 2018, y sometida a requisitos que empeoran los actualmente existentes para la PCV o las AES.