Un año enfrentando la arbitrariedad en Altsasu

Se cumple un año de la redada de la Guardia Civil que terminó con 8 personas detenidas por una trifulca nocturna en Altsasu en la que un agente resultó herido en un tobillo. Doce meses más tarde tres de aquellos jóvenes todavía continúan en prisión preventiva. Al injustificado encarcelamiento y al delirante sumario que da cuerpo a las acusaciones –instruido por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela–, se sumó ayer la denuncia de indefensión de los abogados defensores, a los que se les ha denegado realizar la práctica totalidad de las pruebas solicitadas. Arbitrariedad y veto al derecho a la defensa y a un juicio justo que quiebran, incluso, la apariencia de imparcialidad que debe presidir la actuación de los tribunales.

La falta de proporcionalidad entre el daño ocasionado en aquella pelea y los derechos que están siendo vulnerados durante el proceso posterior solo puede interpretarse desde la existencia de una fuerte motivación política. La represión explícita busca ejemplarizar. Y en el Estado español el uso de la excepcionalidad jurídica y política se ha convertido en el principal instrumento para combatir cualquier tipo de disidencia. No importa que se reclame la desmilitarización de Euskal Herria, como en Altsasu, o el derecho a decidir, como en Catalunya, donde ese mismo tribunal de excepción acaba de encarcelar a los líderes de los movimientos sociales soberanistas y al Gobierno legítimo de Catalunya. La respuesta es siempre la misma.

La deriva autoritaria del régimen del 78 parece no tener límite. Su intento de sojuzgar a todo aquel que plantee reivindicaciones que pongan en cuestión el actual statu quo deja aún más en evidencia la debilidad de un proyecto político que se sostiene únicamente en la amenaza, implícita o explícita, del uso de la fuerza. Como ha mostrado Altsasu en múltiples movilizaciones no cabe ponerse de perfil, está en juego la democracia, la dignidad y la justicia. Y la libertad de los encarcelados.