Ayer la Diputación de Gipuzkoa anunció la licitación de la segunda fase de la incineradora de Zubieta. La noticia sirvió básicamente para que los responsables forales volvieran a repetir el mismo mensaje en el que insisten una y otra vez –como si no se lo creyeran–: que todo el proyecto estará terminado para mayo de 2019, es decir, que se pondrá en marcha coincidiendo con las siguientes elecciones municipales y forales.

Debajo de los titulares quedan realidades preocupantes. La licitación de la segunda fase completa los números de lo que supondrá para las arcas públicas la privatización de la gestión de los residuos sólidos urbanos de Gipuzkoa. Por ella se volverá a pagar entre y tres cuatro veces más que lo que costará realmente construir las nuevas infraestructuras. De esta manera, se prevé que el proyecto completo termine alcanzando la enorme cantidad de 888 millones de euros. La cifra es superior al presupuesto de todos los departamentos de la Diputación de Gipuzkoa para el año 2017, lo que da idea de la dimensión que ha alcanzado la absurda apuesta del gobierno PNV-PSE por imponer esta fórmula. Y en esos números no están incluidos todos los gastos. Ayer, sin ir más lejos, el diputado anunció que en enero se sacará un pliego para licitar otro vertedero similar al de Mutiloa que dé salida a 60.000 toneladas más de residuos. Otro ejemplo de gasto no contabilizado.

Lo más significativo es, sin embargo, que el anuncio se produzca diez días después de que se presentara la iniciativa Hitzartu, que cuenta con impulso de GuraSOS y la UPV y pretende aportar soluciones a la cuestión de los residuos mediante la participación popular. La dinámica vuelve a evidenciar que la Diputación Foral no ha hecho ningún esfuerzo para encauzar el conflicto generado por la incineradora y se ha limitado a imponer su criterio. Imposición y ausencia de liderazgo que está generando una hipoteca de dimensiones descomunales.