El Gobierno español descarta el uso mixto de la línea de TAV entre Gasteiz y Burgos. Así lo anunció ayer el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, que visitó la capital burgalesa para presentar el estudio informativo de una obra que costará cerca de 1.200 millones de euros, sin contar el IVA.

El pasado mes de junio, Madrid hizo pública una propuesta en la que se descartaba el paso de mercancías por la nueva línea del TAV. Una idea que no gustó al Ejecutivo autonómico, que la consideró «débil e incompleta». «Sin mercancías por ancho europeo hasta Portugal no se soluciona nada», señaló entonces la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia.

Días después, el ministro negó que el uso de la línea fuera a ser solo para pasajeros, y afirmó que la polémica había sido fruto de un «malentendido». Sin embargo, ayer volvió a indicar que el corredor ferroviario de alta velocidad no podrá ser empleado para el tráfico de mercancías, ya que cuenta con pendientes «insalvables». «La única solución posible es aprovechar el trazado de la línea convencional», remarcó.

Tras escuchar las palabras del ministro, Lakua remitió al ministerio una nueva propuesta en la que aboga por incorporar el ancho internacional UIC para mercancías en el actual trazado. «En todo caso, Euskadi tiene garantizada y está integrada con la autopista ferroviaria, conectando Vitoria con Europa», indicaron fuentes del Gobierno consultadas por Europa Press.

Puede que De la Serna responda al Ejecutivo autonómico el próximo 9 de enero, cuando el ministro acuda a la capital alavesa para realizar una presentación oficial del proyecto. En ese mismo acto, anunciará por dónde conectará la “Y vasca” con Nafarroa, si por Ezkio o por Gasteiz, una decisión que ya estaría tomada.

Logroño-Castejón

Parece que también está cerrada la decisión de ejecutar el tramo del TAV Logroño-Castejón, apoyado por el Gobierno de La Rioja. Ayer los diputados navarros de Podemos presentaron en el Congreso una proposición no de ley en la que solicitan la suspensión de la licitación de los tramos del TAV y defienden la creación de un tren público y social. Una demanda compartida por agentes políticos, sociales y sindicales.