La parte del informe del Instituto Vasco de Criminología sobre la que hoy pone el foco GARA resulta tremenda pero a la vez perfectamente conocida. Ninguno de los casos de tortura perpetrados desde 1992 contra ciudadanos de la CAV ha acabado en condena firme en los tribunales españoles. Se dice pronto, pero es un cuarto de siglo, una generación entera. Se dice pronto pero son, según el equipo de Paco Etxeberria, al menos 1.424 casos en ese periodo. Se dice pronto, pero entre ellos están Unai Romano y su rostro deformado, Igor Portu hospitalizado, Iratxe Sorzabal y su espalda quemada, Martxelo Otamendi explicando a las cámaras el suplicio nada más salir de la Audiencia Nacional... Sobre todos y cada de uno de esos cientos y cientos funcionó un sistema perfeccionado de ocultación y negación que incluía a policías, forenses, jueces, fiscales, periodistas, políticos...

Entre aquella última condena del caso Urra y 2014, hasta donde llegan las denuncias de torturas, hay exactamente 22 años. En la mitad gobernó en Madrid el PP y en la mitad el PSOE (cuatro años Felipe González y siete José Luis Rodríguez Zapatero). Sería sencillo concluir que negando el informe el PSE busca prolongar esa impunidad. Es la explicación que parece abonar el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, cuando remarca que el estudio encargado por su Gobierno busca reconocer a las víctimas y no señalar a los torturadores. Pero haría mal en engañarse Urkullu; para el PSOE este no es un problema de impunidad, que sabe perfectamente garantizada por los tribunales españoles antes, ahora y en el futuro, sino un problema más básico, un problema con la verdad. No quieren admitir la tortura porque prefieren seguir beneficiándose políticamente de un relato falso en el que los únicos violentos son los demás.

De esos 22 años, por cierto, en Lakua el PNV gobernó 19. Y el hoy lehendakari presidió la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz ocho años, entre 1999 y 2007. Esa es la verdad, y es pertinente recordarlo.