El TS deja en prisión a Junqueras y se erige en tutor de la política catalana

El Tribunal Supremo desestimó ayer el recurso de Oriol Junqueras y confirmó el encarcelamiento provisional del líder de ERC, diputado electo del nuevo Parlament. Una situación que alterará evidentemente el desarrollo de una legislatura que vendrá marcada por las decisiones del TS sobre la veintena de diputados independentistas imputados.

«El proyecto político subsiste y el recurrente no lo ha abandonado». No es la única razón que el Tribunal Supremo alegó ayer para mantener en prisión al líder de ERC, Oriol Junqueras, pero está escrito, tal y como suena, en el auto emitido ayer por la Sala de Apelaciones. El mismo escrito en el que tres jueces siguen viendo riesgo de reiteración delictiva y aseguran que «no puede hablarse de presos políticos».

El recurso fue rechazado porque los magistrados encargados de evaluarlo consideran que «no existe ningún dato relevante que indique de forma seria que el recurrente ha abandonado su pretensión de alcanzar la independencia de Catalunya mediante una declaración unilateral acompañada de movilizaciones populares que obliguen al Estado a aceptarla».

Era complicado que la Sala de Apelaciones estimase el recurso y contradijese así la decisión del juez Pablo Llarena, pero es que el auto va todavía más allá a la hora de menospreciar las llamadas al diálogo realizadas por Junqueras. «El diálogo al que se hace referencia en el recurso, hasta ahora, solamente se ha pretendido o planteado por el recurrente y por quienes le acompañan en su proyecto político, como referido exclusivamente a la forma en la que el Estado español pudiera prestarse a reconocer la independencia de Cataluña», se lee en la página 22 del auto. Jueces valorando ofertas de diálogo político.

Claro que el despropósito parece inevitable desde el momento en que se acusa a Junqueras de rebelión –un delito que requiere la existencia de violencia–, ya que los propios jueces reconocen que «no consta que el recurrente [Junqueras] haya participado ejecutando personalmente actos violentos concretos». «Tampoco consta que diera órdenes directas en tal sentido», añaden. El Supremo reconoce que no hubo violencia por parte de los miembros del Govern también cuando apunta que actuaron «desde el ejercicio del poder, lo que explica que no necesitaran utilizar en ese momento la violencia para asaltar el mismo». Olvida mencionar que no hubo que asaltarlo porque fueron los catalanes, a través de las urnas, los que los pusieron en el Govern.

Amenaza de violencia

El Supremo trata de lograr la cuadratura del círculo culpando a Junqueras de las escenas de violencia vividas el 1 de octubre, que cabe recordar que llegaron de la mano de la Policía española y la Guardia Civil: «Es llano que tanto el recurrente como los demás sabían que el Estado no podía ni puede consentir esa clase de actos, que desconocen e impiden la aplicación de las leyes que rigen el Estado democrático de Derecho, y que actuaría a través de los medios a su disposición, entre ellos el uso legítimo, y como tal, proporcionado y justificado, de la fuerza».

El auto, de hecho, es una apología de la violencia estatal: «Es ilusorio pretender que pudieran entender que el Estado aceptaría sin oposición el relevo, hasta hacer desaparecer su presencia, en los centros de ejercicio del poder y en los centros administrativos de la Comunidad Autónoma. Y que, de ser necesario, no acudiría al uso de la fuerza, cuyo monopolio le corresponde para garantizar el cumplimiento de la ley». Las palabras de Marta Rovira sobre la amenaza de violencia resuenan en la memoria colectiva.

Traducción política

La decisión del Supremo es también una advertencia a Carles Puigdemont y al independentismo: los resultados del 21D no van a modificar la actitud del Estado. A partir de aquí, la posibilidad de que el president regrese de Bruselas sin ser detenido se evapora, igual que la opción de que Junqueras, en tanto en cuanto vicepresidente del anterior Govern, pueda ejercer su cargo –o el de president– con normalidad.

Con estas cartas sobre la mesa, ERC y JxCat encaran las negociaciones sobre la formación de Govern a caballo entre Bruselas y Barcelona –el primer test llega el 17 de enero con la constitución del Parlament–. El plan A pasa por la investidura de Puigdemont. JxCat no quiere oír hablar de nada más, mientras que desde ERC, Gabriel Rufián habló el jueves del plan B: investir como president a Junqueras. Ambas opciones pasan, a día de hoy, por los despachos del Tribunal Supremo, convertido en tutor de la política catalana.

Consellers sin cartera, la opción de la ANC para los dirigentes exiliados

El secretario general de la ANC, Enric Blanes, sugirió ayer en una entrevista en Onda Vasca que los cuatro exconsellers exiliados en Bruselas junto a Carles Puigdemont podrían ser nombrados consellers sin cartera. Es decir, serían restituidos pero sin responsabilidades específicas en el día a día de ningún departamento.

«Las circunstancias son tan anómalas que pueden exigir soluciones singulares», explicó Blanes, que prefirió no pronunciarse sobre el hipotético regreso de Puigdemont y las negociaciones sobre la investidura.B. Z.