El derecho a decidir en el centro del debate

La Ponencia de Autogobierno está teniendo un desarrollo muy largo: ha pasado de una legislatura a otra para volver a empezar con nuevos plazos y comparecencias hasta que, finalmente, se han cumplido el tiempo estipulado y ha llegado el momento de la verdad. Y ayer los diferentes grupos políticos presentaron sus propuestas para articular un nuevo estatus. Seguramente en todas esas dilaciones había un interés político para alejar el recuerdo del llamado «Plan Ibarretxe» y buscar un contexto más favorable, pero el plazo ha venido a terminar en el punto álgido del proceso soberanista catalán, lo que –se quiera o no– pone el foco en la cuestión central del nuevo estatus que no es otra que el derecho a decidir.

Una amplia mayoría parlamentaria recoge en sus propuestas este derecho, formulado de forma más o menos explícita, al tiempo que se proponen diversas opciones para el encaje de ese nuevo estatus en el actual marco jurídico-político. Una búsqueda pragmática de formulaciones que permitan avanzar desde la actual situación de dependencia hacia una relación bilateral con el Estado. La bancada unionista, sin embargo, no cambia el discurso. Advierten del escaso recorrido que tiene el derecho a decidir. Argumentan para ello que el nuevo estatus desborda la Constitución española y pone en cuestión la soberanía del pueblo español. Al mismo tiempo han vuelto a esgrimir la situación en Catalunya para amenazar con un conflicto abierto en el caso de que se continúe por esa vía en Euskal Herria. Frente al pragmatismo, líneas rojas y amenazas.

Todas las cartas están sobre la mesa. Hay mimbres suficientes para tejer consensos y acordar una síntesis que permita transitar de la actual situación de dependencia hacia otra basada en la soberanía. Es el momento de la altura de miras, pero también es el momento de la participación, de abrir el debate a la gente, de modo que la mayoría que existe en este país a favor del derecho a decidir pueda ver reflejada su aspiración en el texto final.