La gestión para que el Archivo Histórico de Euskadi rescate en la medida de lo posible los fondos de “Egin” es un paso positivo para recuperar parte de la memoria incautada a este pueblo de manera injusta y, en este caso, incluso ilegal. Porque, hay que recordarlo, los propios tribunales españoles determinaron que el cierre del periódico fue ilegal. Eso no impidió que destrozaran ese legado e hicieran inviable su recuperación. La redacción de Hernani muestra un escenario apocalíptico, testimonio de la voluntad de destruir lo construido por una parte importante de la sociedad vasca.

Esta causa sigue abierta porque la deuda imputada a GARA por continuidad de empresas respecto a “Egin”, fundamentada en una «continuidad ideológica» sin base legal, es lo más parecido a una deuda odiosa. Primero cerraron ilegalmente un medio, castigaron sin pruebas a sus responsables, ejercieron una crueldad indefendible contra un grupo de personas venerables, y no conformes con todo ello, dilapidaron el patrimonio del periódico y quisieron hipotecar un nuevo proyecto creado con gran esfuerzo por nuestra comunidad. Son 4,7 millones de euros de deuda ilegítima, han destruido gran parte de lo que podía servir para quitarla, y han obligado a GARA a vivir y trabajar bajo tutela, en suspensión de pagos durante catorce años, algo inaudito e insostenible. Todo ello afecta a la libertad de prensa, afecta a una industria cultural de un sector en crisis, afecta a personas, a una gran comunidad de lectores y a los derechos de todos y todas. Por ello, tal y como han hecho con los fondos, las administraciones vascas deben tomar cartas en este asunto, intervenir para ofrecer soluciones, asumir responsabilidades, tanto desde el punto de vista de una empresa vasca como desde el de los derechos.

El cierre de “Egin” supuso una terrible vulneración de derechos, de entre la que la deuda más impagable es la que tiene el país con quienes padecieron condenas injustas y fueron tratados por el Estado español como rehenes.