Nadie lo duda: lo que el juez del Tribunal Supremo del Reino de España cuyo nombre no quiero nombrar está haciendo es algo que hasta los más legos sabemos que está fuera de toda norma jurídica. Que se trata de una barbaridad vengativa, unas justificaciones en sus autos que causan vergüenza porque se trata no de juzgar a alguien por lo que ha hecho, sino por lo que cree ese magistrado que piensan los sujetos que manda a prisión. Los mete en la cárcel por si acaso. Y lo hace con una precisión milimétrica con los intereses políticos de los miembros de la banda de M. Rajoy y sus secuaces.

Todos, incluido ese monstruo de la injusticia que es el ministro Catalá, saben (sabemos) que se está violentando todo el ordenamiento jurídico y que se atenta de manera obvia contra los derechos humanos más elementales. Saben, porque es su costumbre, que cuando presenten recurso en Europa, o la ONU, ganarán los ahora encarcelados, pero habrán pasado cinco, seis o siete años, se habrán comido años de cárcel, el juez disfrutará de las prebendas que le han prometido, se habrá inhabilitado a una parte de la clase política catalana y se habrá instaurado el miedo en el resto, por lo que todo será lo que quieren: un desierto democrático.

Aquí se ha dicho con antelación, pero se insiste: es un plan. Es un retroceso, una involución, una auténtica instauración de lo denominando dictablanda, pérdida de libertades colectivas e individuales, agotamiento de la noción de actividad política, un simulacro. El auténtico fin del “sí se puede”. No se puede nada más que lo que ellos digan. Por eso hay que organizarse y defenderse. E identificar claramente a los cómplices. La falta del mínimo signo de empatía personal con los familiares de los recién privados de libertad de Inés Arrimadas en el Parlament es su declaración de principios.