En la mañana del pasado 31 de enero, un control de carretera de la Guardia Civil en Argantzun provocó aparentemente un accidente entre un camión y tres coches. Aparentemente, porque el hecho fue revelado por testigos (que añadieron que el operativo se levantó inmediatamente tras el siniestro) y no hubo información oficial alguna al respecto (lo que ha motivado una pregunta de EH Bildu en el Congreso).

Es un mero detalle de una situación habitual que afecta a toda la población vasca, y de la que cualquiera lector y lectora podría dar testimonio personal y en muchos casos un amplio catálogo de anécdotas. Lo ocurrido en Argantzun es solo una de las cientos de preguntas abiertas. Los datos trasladados por Guardia Civil y Policía española al Parlamento de Gasteiz, sin ir más lejos, son un absurdo en sí mismos: ¿Cómo es posible que se instalaran 1.581 controles de enero a mayo y apenas 69 el resto de 2017? ¿Con qué justificación hubo 88 de carácter «antiterrorista»? ¿Por qué motivo no se comunican algunos de ellos a la Ertzaintza y cuántos son? ¿Es creíble que únicamente cuatro hayan sido realizados por la Policía española?

Los datos que hoy difunde GARA se limitan a la CAV, pero en Nafarroa la situación no es más lógica. Las demandas de la Policía Foral para asumir el control del tráfico chocaron en los 90 con la respuesta de que la Guardia Civil debía hacer controles para combatir a ETA. El argumento decayó en 2011, pero en 2018 ese cuerpo militar sigue en sus carreteras. Y esto lleva a nuevas preguntas, más globales: ¿Qué sentido tiene todo ello, que no sea mantener activos unos contingentes apenas reducidos pese a una situación radicalmente diferente? ¿Qué objetivo subyace, si no es el de prolongar una competencia prescindible y visibilizar la presencia del Estado en Euskal Herria? El problema de fondo, en consecuencia, no es tanto el número de controles al año, sino el descontrol político que reflejan. Y la subordinación de las instituciones vascas que delatan.