Ayer Sara Majarenas recuperó la libertad tras cumplir íntegramente su condena. La recobró en Madrid, lejos de casa y de su hija Izar, que hace algo más de un año fue víctima de un terrible ataque machista del que se salvó milagrosamente. Que en este país haya una presa y una niña de la mochila menos es motivo de alegría. Por fin Izar podrá tratar de superar el trauma de la agresión junto a su madre, aunque el camino recorrido hasta llegar a este punto no haya sido precisamente el de la justicia.

De nada sirvió que el juez de Vigilancia Penitenciaria, Josá Luis Castro, calificara el caso como «excepcional», la agresión sufrida por la niña como «bestial» y concluyera que la pequeña debía estar con su madre atendiendo al «interés superior de la menor». Todo ello no fue suficiente para que se suspendiera la condena y se permitiera que madre e hija pudieran rehacer su vida en Euskal Herria. Sara Majarenas ha permanecido prisionera hasta el último día. Y aunque durante ese periodo Izar ha podido estar la mayor parte del tiempo junto a su madre, no siempre ha sido así: durante las separaciones temporales ha sufrido mucho su falta, tal y como denunció hace pocos días su abuela en una carta publicada en GARA. En un caso tan absolutamente excepcional, las autoridades españolas han sido incapaces de mostrar una pizca de humanidad y de gestionarlo con un mínimo de sensatez. Y lo tenían bien fácil. Ni los derechos de la menor ni sus necesidades han provocado el más leve movimiento en una mentalidad de guerra cada día más anacrónica.

Las instituciones vascas tampoco han desempeñado un papel destacado en la superación de esta agresión. El trabajo discreto que tanto reivindican –solo roto por la petición de libertad del alcalde de Donostia, Eneko Goia– no ha dado ningún resultado palpable. La impresión que queda es que poco se ha hecho o nada se ha podido, lo que deja un balance realmente pobre. Queda, como siempre, la movilización de la sociedad, que no ha perdido la esperanza.