Cargos de «terrorismo» y «rebelión» por bloquear vías y levantar peajes

«Terrorismo» y «rebelión» son los cargos a los que se enfrenta la detenida por la Guardia Civil bajo la acusación de coordinar los Comitès de Defensa de la República y protagonizar acciones pacíficas como cortes de carretera. La Fiscalía opta por actuar en Catalunya según los mismos parámetros que lleva usando desde hace años en Euskal Herria.

Los Comitès de Defensa de la República llevaban varios días siendo objeto de una campaña de descrédito y criminalización, que ayer desembocó en sendas operaciones policiales contra varios de sus miembros por parte de la Guardia Civil y de los Mossos d’Escuadra. Por número de afectados, la más llamativa fue la desarrollada por la Policía autonómica, que arrestó a seis personas acusadas de participar en los disturbios ocurridos frente al Parlament el pasado 30 de enero, a raíz del aplazamiento de un pleno convocado para investir a Carles Puigdemont. Contra ellos pesan acusaciones de «desórdenes públicos» y «atentado contra agentes de la autoridad», aunque los seis quedaron libres tras declarar en sede judicial a la espera de recibir una citación del juez de guardia.

Pero por la gravedad de las acusaciones, tiene mayor alcance el operativo desarrollado por la Guardia Civil, que detuvo en Viladecans a una mujer contra la que se han presentado cargos por «terrorismo» y «rebelión». La detención fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Diego Egea, en el marco de una denuncia del Ministerio Público. El tribunal especial había dictado otra orden de arresto contra un vecino de Esplugues de Llobregat, que no habría podido ser localizado, pero cuyo domicilio sí fue registrado.

Igual que en Euskal Herria

En concreto, la Fiscalía considera a la persona detenida responsable de coordinar los cortes de carretera y de apertura de los peajes llevados a cabo en Semana Santa en distintos puntos de Catalunya, acciones de protesta civil y pacífica en todos los casos. La acusación concreta contra esta persona es la de haber difundido en las redes sociales un audio en el que explicaba las acciones que iban a llevar a cabo distintos comités de defensa. Por ese motivo, por difundir un audio en las redes, pesan sobre ella cargos tan graves como las de «terrorismo» y «rebelión».

De hecho, fuentes judiciales citadas por la agencia Efe indicaron que la actividad de los integrantes de los CDR «es comparable a la desplegada por los Grupos X e Y de apoyo a ETA a los que se empezó a juzgar por terrorismo en la Audiencia Nacional a raíz de una reforma del Código Penal de 1996». La misma fuente señala que según el artículo 573, que la Fiscalía cree aplicable en este caso, se considera «terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, el patrimonio, contra la Corona o el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, entre otros», cuando su fin sea «subvertir el orden constitucional» o «alterar gravemente la paz pública». Y también «suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo».

Dirigentes políticos españoles como Rafael Hernando (PP) y Albert Rivera (C’s) mostraron su satisfacción por esta operación, igual que Xavier García Albiol e Inés Arrimadas, mientras el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, vinculó las detenciones al carácter «violento» de los CDR que, dijo, son «similares a los comités de defensa cubanos».

Respuesta conjunta

La valoración fue muy diferente por parte de la mayoría de las fuerzas catalanas, que se expresaron de forma muy crítica. JxCat, ERC y la CUP anunciaron en una rueda de prensa conjunta una propuesta de resolución para que el Parlament «se solidarice con los Comités de Defensa de la República y denuncie la persecución judicial» contra este movimiento. Los diputados Francesc de Dalmases (JxCat), Ruben Wagensberg (ERC) y Natàlia Sànchez (CUP) explicaron que trabajan con otros grupos para que la resolución tenga los máximos apoyos posibles.

De Dalmases criticó «el estado de enfermedad de la democracia española», mientras que Wagensberg consideró que con este tipo de operaciones «quieren infundir miedo para que la gente se quede en casa». «Son métodos más propios de otras épocas. Ahora más que nunca existe la legitimidad de seguir en las calles», añadió el diputado.

La CUP, asimismo, firmó un comunicado junto a otros organismos de la Esquerra Independentista como Arran, Alerta Solidària, Coordinadora Obrera Sindical (COS), Endavant Osan y Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc), en el que expresan su respaldo a las acciones del CDR «en forma de desobediencia y resistencia civil activa y no violenta», y recuerdan que este tipo de acciones pretenden «señalar el conflicto democrático y la vulneración sistemática de los derechos civiles y políticos en Catalunya». A su juicio, es con «organización y desobediencia» como han avanzado y podrán seguir avanzando para materializar el derecho de autodeterminación en Catalunya y en todos los Països Catalans.

Más allá del ámbito independentista, el líder de CatECP, Xavier Domènech, declaró que levantar barreras de una autovía «nunca puede ser terrorismo». «Se está aplicando un derecho penal de excepcionalidad que nada tiene que ver con la normalidad democrática», apreció.

Mientras, desde el PSC, su portavoz Eva Granados consideró que hay actuaciones de los CDR que son «condenables políticamente y, posiblemente, penalmente», pero matizó que no hay motivos para juzgarlas en base a la «legislación antiterrorista». «Hay que ser muy cuidadoso con este tipo penal», afirmó.

Y fuera de Catalunya, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, también criticó la operación, afirmando que «todo el mundo entiende que no hay una situación de violencia terrorista en Catalunya. Aunque determinadas acciones puedan constituir un ilícito, el derecho penal tiene que ser proporcional». Iglesias, además, avisó del riesgo de entrar en una «situación de excepcionalidad democrática» que «hace mucho daño a la imagen democrática» del Estado español en Europa; una imagen que también se ve afectada, a su juicio, por el contraste entre las decisiones judiciales españolas y las que ha adoptado Alemania respecto a Carles Puigdemont.

CDR: «Las detenciones solo nos reafirman en nuestra lucha»

La ofensiva policial y judicial en su contra no ha arredrado a los Comitès de Defensa de la República, que en un comunicado advirtieron de que «estas detenciones no hacen más que reafirmarnos en nuestra lucha».

«Hace días –señala el escrito– que se anunciaba una operación de este estilo y hace días que la esperábamos. No nos engañemos, el Estado no frena sino que acelera. Y es consecuencia del trabajo bien hecho, de la labor de concienciación y movilización para la materialización de la República, único objetivo que nos ha movido a salir a las calles, a coordinarnos y a superar la imposición fascista que nos niega el derecho a la autodeterminación, que encarcela a políticos por sus ideas y que mantiene secuestradas nuestras instituciones». Y avisan: «resistiremos esta nueva embestida y saldremos reforzados y con más apoyo».

Como señal de protesta por las detenciones, en la tarde de ayer se llevaron a cabo movilizaciones en numerosas localidades de Catalunya, y a mediodía, a convocatoria del Sepc, varios centenares de estudiantes cortaron durante media hora la céntrica avenida Diagonal de Barcelona en ambos sentidos.

Desde Euskal Herria, LAB denunció que la operación policial contra los CDR «supone un nuevo ataque a las libertades de Catalunya».GARA

El ministro-presidente de Flandes, contra la judicialización y el 155

El ministro-presidente de Flandes, Geert Bourgeois, apostó ayer por «el diálogo» y el ejercicio de la política para dar solución a la situación en Catalunya, se pronunció en contra de la judicialización, asegurando que la salida «no se va a dar a través de los tribunales» y abogó por acabar con el 155.

Geert Bourgeois compareció ayer en Lehendakaritza junto a Iñigo Urkullu, y ambos coincidieron «básicamente» en sus apuntes sobre Catalunya, aunque aclararon que en su primera reunión no habían abordado esta cuestión.

El ministro-presidente de Flandes –cuyo partido ha sido el mayor valedor de Carles Puigdemont durante su estancia en Bruselas– prevé que la causa de los políticos perseguidos por el Tribunal Supremo puede acabar en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, porque unos están encarcelados en el Estado español y otros países no ven delito de «rebelión». Incidió varias veces en que en Alemania, Bélgica y Escocia hay separación de poderes e independencia judicial. Hubo que preguntarle específicamente si creía que estas no existían en el Estado español, y tras algún rodeo vino a decir que sí, como en cualquier otro punto de Europa, como en Italia, por ejemplo.I.IRIONDO

Declaraciones

«Intentar asimilar hechos tan graves como pueden ser los constitutivos de un delito de terrorismo a unos cortes de carretera o levantamientos de peaje supera todos los límites de la lógica, y es un esperpento»

NEUS MUNTÉ

Presidenta del PDeCAT

«La mejor respuesta es la solidaridad, la persistencia y el convencimiento de que somos un movimiento cívico, pacífico, democrático y transversal»

MARTA VILALTA

Portavoz de ERC

«Nos aleja de Europa, nos aísla y convierte en una anomalía democrática»

LUCÍA MARTÍN

Diputada de En Comù Podem