El Gobierno estadounidense anunció el viernes que pondrá fin a las medidas de protección temporales para aquellos inmigrantes procedentes de Honduras el 5 de enero de 2020, una decisión que dejará a más de 57.000 hondureños en Estados Unidos vulnerables a la deportación. Es la última de una serie de medidas impuestas por el presidente norteamericano, Donald Trump, en su intento de acabar con el denominado Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), otorgado a aquellos inmigrantes que proceden de países donde han tenido lugar desastres naturales o conflictos armados, lo que les impide volver de manera segura a sus lugares de origen.

El Gobierno hondureño lamentó «profundamente la cancelación del programa» y prometió proporcionar asistencia legal y consular gratuita a todos los hondureños que vivan en Estados Unidos. Marlon Tabora, embajador hondureño en EEUU, reconoció que su país no cuenta con los recursos necesarios para hacerse cargo de la repatriación de miles de personas.

«Estas familias han vivido en Estados Unidos durante más de 20 años y reintegrarlas en el país no va a ser fácil, incluso si deciden volver», manifestó. Después de El Salvador, Honduras es el principal país de donde proceden la mayor parte de los beneficiados con el TPS, que fue concedido a los migrantes hondureños tras el paso del huracán Mitch en 1999. Se estima que más de un millón de hondureños viven en EEUU, la mayoría sin papeles, y unos 57.000 están amparados por el TPS. Un informe del centro de estudios Diálogo Interamericano indicó que Honduras recibió remesas por más de 4.300 millones de dólares en 2017, equivalente a 19,5% del Producto Interno Bruto.

Defensores de derechos humanos denunciaron la decisión de Washington, recordando que Honduras es uno de los países más violentos del mundo, sumido desde diciembre pasado en una gran inestabilidad política tras las contestadas elecciones presidenciales. «Honduras no se ha vuelto más seguro, se ha vuelto más peligroso en los últimos seis meses», remarcó Geoff Thale de la ONG WOLA.

«Para muchas personas la decisión de cancelar el TPS es una sentencia de muerte», advirtió Francisco Quintana, de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El Gobierno de Trump ya finalizó el TPS para El Salvador, Nicaragua y Haití, poniendo a más de 300.000 personas en riesgo de deportación. En las últimas semanas, miles de migrantes centroamericanos han cruzado México para pedir asilo en EEUU. La cobertura mediática de la caravana desencadenó una oleada de tuits de Trump, que ordenó desplegar miles de tropas de la Guardia Nacional en la frontera y llamó a México a detener a los migrantes.