Crisis política sin precedentes en Italia, uno de los socios fundadores de la UE. Tras la decisión del presidente de la República, Sergio Mattarella, de vetar al ministro de Economía propuesto por el candidato a primer ministro, Giuseppe Conte, este ha renunciado a formar Gobierno. Un Gobierno técnico no contaría con apoyo parlamentario suficiente, lo que aboca al país a unas nuevas elecciones.

La decisión del jefe de Estado de Italia ha sido aplaudida por Angela Merkel y Emmanuel Macron, por su valentía y responsabilidad. La resolución evidencia todo lo contrario: obediencia debida y por lo tanto irresponsabilidad. Merkel se encargó ayer de explicar el quid de la cuestión: existen principios que han de ser respetados. Están fuera de discusión, digan lo que digan las urnas, o la experiencia diaria de millones de ciudadanos europeos de toda condición. Es evidente que un solo Estado no puede cambiar las reglas de la UE, pero esta tampoco cuenta con ningún mecanismo que permita la discusión y modificación de esos «principios». Y el malestar continúa acumulándose. De ahí nace la fuerza de las formaciones de derecha que, junto a una crítica al establishment y a la burocracia, ponen en cuestión de manera grotesca los fundamentos de la democracia, la separación de poderes y los derechos humanos. No hay más que observar la deriva autoritaria de los gobiernos de varios países de países de Europa central y oriental y el crecimiento de la derecha de nuevo cuño en el sur. Polonia, Hungría, el Brexit, el Estado español y por supuesto Italia son síntomas diferentes pero claros de esta crisis.

La cortedad de miras de los líderes europeos, incapaces de encauzar un debate realista sobre las fallas y el agotamiento del modelo neoliberal, está haciendo crujir las costuras de la UE. Las posturas inflexibles y herméticas no auguran una salida civilizada al malestar que generan unos principios económicos que solo producen miseria a muchos europeos, especialmente en la periferia.