En la provincia de Huelva –cuyos campos hacen de España el primer productor de fresas de Europa–, las investigaciones judiciales se pusieron en marcha a finales del mes de mayo. Al menos doce denuncias han sido registradas, según datos aportados por la Fiscalía provincial.

Ocho mujeres marroquíes y cuatro españolas, que estaban recolectando frutos en tres espacios agrícolas diferentes, han denunciado situaciones de acoso laboral y sexual, así como violaciones o intentos de violación. Belén Luján, una de las abogadas que las representan, afirma que también hay varias decenas de casos de mujeres que «tienen demasiado miedo para hacerlo» o que han regresado ya a Marruecos.

Varios responsables o jefes de equipo de diferentes explotaciones agrícolas ya han sido acusados formalmente por presuntos «abusos sexuales», según indicó la Fiscalía sin precisar sus nombres.

En esta provincia, el número de marroquíes reclutadas directamente en su país para trabajar en la temporada de la fresa –que habitualmente se extiende desde el mes de febrero hasta el de junio– ha pasado de 200 en el año 2001 a más de 16.000 este año.

«España es el primer exportador de frutas y verduras de Europa», recuerda para la Agencia France-Presse el profesor de Economía José María Sumpsi, dirigente de la organización Economistas Sin Fronteras, pero «en las regiones de cultivo intensivo casi no hay mano de obra española».

Para postularse en Marruecos para ocupar uno de esos puestos, es necesario obligatoriamente ser mujer de entre 18 y 45 años de edad, «procedente del medio rural», «con buena salud» y «tener hijos menores de 14 años», para de ese modo asegurar que retornarán a su país tras la recolección, como se recoge en un documento, escrito en árabe, de Anapec, el organismo público marroquí encargado del empleo.

«Fresas llenas de humillación»

«En Europa, en pleno siglo XXI, no podemos vender fresas como estas, llenas de explotación, de abusos, de humillación», señala indignado Diego Cañamero, jornalero del SAT que en las elecciones legislativas de 2016 se convirtió en diputado por Unidos Podemos, de la izquierda radical. «El empresario puede respetar o no el contrato firmado, no hay ningún control», acusa Cañamero, al tiempo que reclama la creación de «un cuerpo especial de inspectores que visiten los campos a diario».

Para la fundación Cepaim, dedicada a favorecer la integración de las personas migrantes, estas mujeres se hallan «en situación de gran vulnerabilidad debido a la necesidad imperiosa de obtener medios de subsistencia para su familia».

Ellas desembarcan «sin hablar español ni conocer el convenio colectivo», constata el coordinador local de Cepaim, Javier Pérez, y a menudo son alojadas en mitad de los campos, «sin apoyo social» en caso de abusos.

Cepaim, que ha visitado decenas de campos de fresas durante la primavera, confirma casos de «pasaportes confiscados», «de mujeres a las que se deja sin trabajo durante varios días para castigarlas por no haber recogido suficientes fresas», de «paga retenida hasta el día del retorno»…

«Ciertos patrones las consideran como mano de obra pero no como personas», dice Pérez, que asegura que estos no son «casos puntuales».

El Gobierno regional de Andalucía anunció el pasado 13 de junio que un protocolo de «tolerancia cero» será elaborado en colaboración con los agentes del sector para el próximo año. Este protocolo incluirá la formación en «cuestiones de género» de los responsables de la recolección, la intervención de mediadores neutros y el envío de folletos a las temporeras para explicarles sus derechos en su idioma.