Aunque en los últimos días se matice que falta aún un aval jurídico para ello, el Ministerio de Justicia español ha anunciado por vez primera su disposición a hacer públicos los bienes inscritos por la Iglesia en los registros de la propiedad. Ello acabaría con un oscurantismo que hizo primero que esta apropiación masiva no fuera noticia hasta hace aproximadamente una década y que sigue impidiendo después conocer el alcance exacto del asunto.

A la espera de que el Gobierno Sánchez materialice su intención, en Euskal Herria iniciativas ciudadanas (como la pionera Plataforma Navarra de Defensa del Patrimonio) e institucionales han ido recabando datos, a todas luces desiguales y que parecen muy incompletos por los notables saltos temporales. En el caso navarro, por ejemplo, la información recopilada solo tiene cierta fiabilidad desde 1998 y lo que se pide a Madrid es que revele todo lo inmatriculado al menos desde 1939. En Araba se ha podido detectar un registro de 1920, pero es la excepción.

Hechas todas estas salvedades, los listados ya existentes y a los que han accedido GARA y NAIZ suman un total de 1.592 bienes apropiados por la Iglesia en Hego Euskal Herria. Teniendo en cuenta que Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa totalizan 523 municipios, ello supone una media de 3,04 inmatriculaciones por localidad.

La palma se la lleva Nafarroa, donde se han detectado ya 1.087 apropiaciones, gracias al impulso de la Plataforma y una intervención del Parlamento navarro ya en el año 2008. Esa iniciativa popular calculó, por cierto, que todo ello apenas le habría costado a la Iglesia unos 25.000 euros en conceptos de trámites burocráticos ante los registros de la propiedad.

Le sigue Gipuzkoa, herrialde en el que se han certificado ya 368 apropiaciones, sobre todo desde los años 80. Más lejos se sitúan en estos cálculos, siempre a la espera de los datos que aporte el Estado, Araba con 69 inmatriculaciones certificadas y Bizkaia con 64.

Las referencias aportadas por los registros son muy heterogéneas, lo que puede deberse o a que los datos están incompletos o a que cada obispado tuvo su propia estrategia. Así, en Araba poco más del 20% de las inmatriculaciones corresponde a lugares de culto, mientras que en Gipuzkoa se eleva al 70%. Temporalmente, en Araba la mayoría de los registros son posteriores a 2008, mientras que en Gipuzkoa y Bizkaia esta práctica fue masiva en los años 80 y en el caso vizcaino sobresale un repunte muy reciente, en 2015, justo el año en que el Gobierno Rajoy tuvo que empezar a poner coto al desmán.

Terrenos, plazas, frontones...

Los listados muestran que lógicamente la gran mayoría de las propiedades inscritas son templos (hay de catedrales y santuarios a parroquias o ermitas), pero existen igualmente muchos cementerios y también decenas de casas, fincas y terrenos.

Más elocuente sobre esta práctica resulta que la Iglesia se anotara la propiedad de plazoletas (como en Bergara), campos de fútbol (Eskoriatza), zonas de monte de aprovechamiento maderero (Gordexola), ruinas (Lerga), olivares (Eslava), pinares (Azagra), frontones (Lizoain) o la mismísima cumbre del monte Oiz a la que llegará una etapa de la Vuelta Ciclista a España la próxima semana.

Como corresponde a un lugar en que la denuncia de este llamado «escándalo monumental» ha sido especialmente precoz e intensa, la Diócesis de Iruñea y Tudela ha sido una de las más activas a la hora de defender su actuación. Sobre tan peculiares apropiaciones, expone: «Es cierto que antes y ahora la Iglesia ha recibido aportaciones de algunas instituciones civiles, públicas y privadas, que han venido considerando un servicio al bien común de todos el apoyo a la labor de la Iglesia. Pero una donación o subvención no convierte al donante en propietario», subraya, justificando así la práctica de acudir a los registros a inmatricular.

«No tiene nada de extraño que la Iglesia posea otra clase de bienes –continúa el Arzobispado navarro–. Y es que las parroquias, diócesis, congregaciones religiosas, etcétera, como cualquier persona jurídica, pueden recibir todo tipo de donaciones. ¿Habría que pedir responsabilidades a los donantes por haber legado sus bienes a la Iglesia en vez de a los ayuntamientos?», plantea incluso al final de su argumentación.

Lo cierto es que en esta apropiación masiva y continuada se ha apoyado desde siempre en la pasividad de los ayuntamientos, que en algún caso pudieron ser cómplices o al menos dejar hacer a la Iglesia, pero en otros muchos desconocieron absolutamente las inmatriculaciones o simplemente dieron por sentado que el bien público en cuestión era suyo... hasta que se descubrió la realidad.

Córdoba, el esperpento

Si el Gobierno Sánchez hace aflorar finalmente el iceberg entero, la dimensión del escándalo puede alcanzar cotas económicas tremendas. Un estudio de la consultora PWC estimó que los bienes inmatriculados pueden llegar al 2% del PIB del Estado español. Un representante de la Conferencia Episcopal Española admitió hace un año que la Iglesia ha podido inscribir en el Estado entre 30.000 y 40.000 propiedades, pero a tenor de las casi 1.600 ya certificadas en Euskal Herria parece probable que se quedara corto.

Lo que sin duda será ya imposible calcular es el beneficio que toda esta operación ha rentado a la Iglesia en las últimas décadas y lo que le seguirá suponiendo en el futuro. Un ejemplo lacerante, casi esperpéntico, es el de la mezquita de Córdoba, que la institución católica puso a su nombre en 2006 pagando solamente por ello los 30 euros de rigor. Ese Patrimonio de la Humanidad es gestionado hoy por la diócesis de Córdoba, que no necesitó vender más que tres entradas (a 10 euros) para compensar el gasto de apropiación. Y en 2017 la mezquita tuvo 1,7 millones de visitantes...

Franco abrió la puerta a la Iglesia, Aznar allanó el camino y con Rajoy se delató el escándalo

Hay tres fechas clave en esta historia. La primera es 1946, cuando Franco permitió a la Iglesia inmatricular bienes públicos como ya hacían el Estado o los municipios, simplemente acudiendo al registro y reclamándose como titular. El dictador puso como excepción los lugares de culto, pero en 1998 llegó la Ley Hipotecaria de Aznar y se levantó esa salvedad, con lo que la Iglesia aumentó su patrimonio de modo exponencial. Tan escandaloso resultó que Rajoy revirtió la situación en 2015, pero ya era tarde. El anterior presidente sí se cuidó de no hacer público el listado. Hasta hoy.