En un panorama político marcado por el final de la lucha armada, el desarme y la disolución de ETA, la inserción plena de la izquierda nacionalista vasca en la vida institucional y la normalización progresiva de las relaciones entre las diferentes fuerzas con representación parlamentaria, las condiciones parecen reunidas para asistir a una aproximación de los partidos nacionalistas vascos en la Comunidad Autónoma Vasca. Los acuerdos alcanzados en la Comisión de Autogobierno del Parlamento Vasco sobre las bases del nuevo Estatus Político y la predisposición de EH Bildu a apoyar al Gobierno Vasco siempre y cuando el PNV y la formación soberanista se pongan de acuerdo sobre «asuntos de país», parecen allanar el camino hacia un pacto político de cierto alcance para los próximos años. Esto implica sentar las bases de un acuerdo de mínimos, y no de máximos como se ha venido haciendo hasta ahora, para ir construyendo progresivamente nuevos consensos. Ese acuerdo de mínimos podría girar entornos a los siguientes ejes.

En materia institucional y territorial, tanto el PNV como EH Bildu podrían ponerse de acuerdo sobre la consecución del mayor nivel de autogobierno posible para la CAV, lo que implica la plena transferencia de las 37 competencias pendientes contempladas por el Estatuto de Gernika; la aprobación de un nuevo estatus político que prevé la consecución de nuevas competencias, por ejemplo en los ámbitos de Seguridad Social, pensiones y acción exterior; el blindaje de las competencias autonómicas adquiridas por la instauración de un concierto político y la creación de una comisión bilateral encargada de solucionar las discrepancias competenciales. Ambas formaciones podrían igualmente, como lo han hecho en las bases del nuevo Estatus Político, ponerse de acuerdo sobre el reconocimiento de Euskadi como nación, lo que la convertiría en un sujeto político capaz de decidir libremente su futuro político-administrativo. Esto implicaría que, aún partiendo del ordenamiento jurídico vigente, éste no pueda imponerse a la voluntad expresada democráticamente por la ciudadanía de ese territorio a través de cauces previamente negociados. Un mayor nivel de autogobierno iría de la mano de una integración superior de las instituciones representativas vascas, a través del fortalecimiento de la cooperación entre las administraciones de los tres territorios vascos (Euskadi, Nafarroa e Iparralde), y de la activación de los instrumentos de cooperación transfronterizo, como pueden ser la eurorregión Euskadi-Nafarroa-Aquitania, la eurociudad Baiona-Donostia, el Consorcio Txingudi, Xareta o Udalbiltza.

En el ámbito socioeconómico, las formaciones nacionalistas vascas podrían alcanzar un consenso sobre una mayor competitividad económica de las empresas vascas a través de una inversión masiva y una programación plurianual, tanto pública como privada, en investigación, desarrollo e innovación para alcanzar el 3% del PIB. Esto permitiría crear empresas punteras capaces de competir a nivel internacional gracias a la producción de productos, procesos y servicios novedosos. La apuesta por una competitividad basada en la innovación y la calidad permitiría crear puestos de trabajo fijos, bien remunerados y no deslocalizables. Esto implicaría, a su vez, la aplicación de la flexiseguridad, de inspiración nórdica, que supone una mayor flexibilidad para las expresas a la hora de contratar y despedir asociada a una protección superior de los trabajadores vía el aumento y la prolongación en el tiempo de las indemnizaciones por desempleo en caso de despido, el desarrollo de la formación continua, el acompañamiento individualizado de las personas en búsqueda de empleo, etc. Esto iría igualmente de la mano del desarrollo de una economía verde, por ejemplo en materia de energías renovables y de rehabilitación de las viviendas usadas, y una mayor protección del medio ambiente, a través de la conservación de la biodiversidad, la preservación de los ecosistemas y la lucha contra el calentamiento climático. Es también inseparable de la igualdad de género vía el aumento de la tasa de empleo de las mujeres, la lucha contra las discriminaciones salariales entre hombres y mujeres, y la aplicación de medidas de discriminación positiva que permitan a las mujeres acceder a puestos de responsabilidad. La construcción de una sociedad cohesionada supondría, por último, promover la lengua vasca vía la instauración de un modelo lingüístico único, donde, como mínimo, el 60% de la enseñanza se imparta en euskera, y el resto se de en las demás lenguas, con una preferencia por el castellano y, luego, por el francés y el inglés. De ese modo, cada alumno de la CAV dominaría perfectamente las dos lenguas cooficiales del territorio y aprendería las dos principales lenguas del entorno.

En lo que se refiere a la convivencia, el PNV e EH Bildu podrían llegar a un acuerdo para el fomento de un relato compartido donde, a partir de una base de mínimos, las diferentes visiones e interpretaciones del pasado tengan su cauce y puedan ser compartidas para construir progresivamente una lectura común, aunque no única, de lo acontecido. Esto iría de la mano de una memoria inclusiva donde cada persona, colectivo o entidad pueda dar cuenta de la manera en que ha percibido y vivido lo sucedido desde 1936, sabiendo que la memoria, tanto individual como colectiva, no puede pretender ser totalmente veraz y objetiva, en la medida en que consiste en seleccionar y articular ciertos elementos del pasado para dar sentido a lo acontecido. Esto implica igualmente hacer justicia a todas las personas que han sido víctimas de vulneraciones de derechos humanos, como consecuencia de atentados, secuestros, torturas y malos tratos de todo tipo, así como de aquellos que han sido víctimas de conculcaciones de derechos democráticos fundamentales, como la imposibilidad de reunirse, organizarse o expresarse libremente. Lo que nos conduce a la plena reparación de todas las víctimas, vengan de donde vengan y sea cual sea la vulneración padecida, para que ninguna persona se sienta desatendida y no reconocida.

En definitiva, inspirándose en los ejemplos de Nafarroa e Iparralde donde, por necesidad (al no representar la mayoría de la población) y por estrategia política (para alcanzar amplios consensos y mayorías cualificadas), los partidos nacionalistas vascos se han unido según fórmulas diferentes, antes de abrirse a otras formaciones de ámbito estatal. La normalización del debate político en la CAV y la aproximación de las posturas respectivas, tanto en materia de autogobierno como socioeconómica, gracias, entre otros factores, al final de la confrontación armada, a la capacidad de resiliencia de la sociedad y a la voluntad de instaurar nuevos sistemas de alianzas, crean las condiciones objetivas para fomentar un acuerdo entre las fuerzas nacionalistas vascas de ese territorio.