El juicio por la muerte de Iñigo Cabacas quedó ayer visto para sentencia con petición de condenas por parte de la acusación particular y el deseo de que la sentencia no permita concluir que las fuerzas policiales tienen «patente de corso» para actuar de forma violenta. Eso es lo que ocurriría si se determinara que no hubo delito en la carga que acabó con la vida del joven aficionado del Athletic, y eso es lo que propicia la petición de absolución por parte de la Fiscalía, a juicio de la abogada Jone Goirizelaia, que reprochó a la fiscal que con su postura permita que se asiente «un halo de impunidad» entre los uniformados.

La representante de la madre y el padre de Iñigo recordó que Fina y Manu han tenido que afrontar «una auténtica carrera de obstáculos» en estos años, un tiempo en el que han sentido «una absoluta falta de apoyo» institucional, no así de la sociedad, que «les ha ayudado a salir adelante». «Mis representados han tenido mucho coraje y han mantenido una lucha encomiable para que se haga justicia», concluyó su informe final.

Una exposición que comenzó evocando el contexto en el que se produjeron los hechos, sin el cual, dijo, no puede entenderse lo que ocurrió y por qué motivo sucedió. Recordó, en este sentido, que poco antes se había producido la declaración de Aiete y que ETA había anunciado el cese de su actividad armada, y que la sociedad vasca afrontaba un nuevo tiempo. Pero, a pesar de ello, la Ertzaintza siguió actuando igual, con una actitud que resumió recordando las declaraciones del consejero de Interior Rodolfo Ares nada más tomar posesión de su cargo: «Con los borrokas, tolerancia cero».

En esa cultura policial enmarcó lo ocurrido en la plaza de Kirruli, y situó también ahí un corporativismo «muy mal entendido» que ha caracterizado el modo de proceder de un cuerpo que prefiere mantener versiones «inverosímiles» antes de asumir que hubo una actuación policial «totalmente desproporcionada y fuera de las normas».

Un atestado por desórdenes

Y es que, tal como destacó a este respecto, el propio Ares y el director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, reconocieron que no se actuó correctamente aquella noche en Indautxu. De hecho, el consejero de Interior lo hizo en sede parlamentaria y también en una entrevista en Radio Euskadi, donde declaró que «parece que ha podido haber alguna negligencia». También admitió que no se habrían cumplido «estrictamente» los protocolos de la Policía autonómica, y reveló que cuando se produjo la carga que mató a «Pitu» ya estaban estudiando sustituir los peloteros por otro tipo de material, a raíz de que desde la Comisión Europea se emplazara a hacerlo.

Del mismo modo, señaló que en el Estado español han muerto más de una veintena de personas a causa de pelotazos, y que los ertzainas implicados «tenían que saber y sabían» el efecto que causaban los proyectiles. «Y a pesar de todo, cargaron como cargaron», censuró.

La abogada explicó asimismo que cuando ocurrieron los hechos se abrió un atestado por «desórdenes públicos», en el que apenas se cita, de pasada, que una persona había sido traslada al hospital de Basurto, a pesar de que la Ertzaintza ya conocía que Iñigo había sido herido de un pelotazo. «En ningún momento abre un atestado específico destinado a esclarecer estos hechos», expuso, añadiendo que no se acordonó el lugar para hacer una inspección, ni se recogió material, ni se señalaron daños, ni se sacaron fotografías.

También llamó la atención sobre el hecho de que pese a existir una instrucción del viceconsejero Miguel Buen instando a poner cámaras apuntando a la herriko, no haya grabaciones policiales de lo que allí ocurrió.

Respecto al motivo de la carga, Goirizelaia citó el testimonio de quienes estaban en la plaza, destacando que todos relataron un ambiente de fiesta, familiar y de celebración, y que aquellos que informaron de la existencia de una pelea, la ciñeron a un pequeño grupo de personas que abandonaron la zona enseguida. Así lo indicó también la patrulla que fue enviada a comprobar qué ocurría. «En aquel momento allí no había pelea, ni heridos, ni había agresores. Todo estaba tranquilo. Y pese a ello, el agente 3316 insistió en mandar unidades», resumió. La pregunta que ronda desde hace seis años y medio es por qué lo hizo. La abogada dejó una hipótesis: la herriko taberna se había convertido «en una obsesión para la persona que daba las órdenes».

Tolerancia cero, diría Ares.

La fiscal no cree que haya nada merecedor de «reproche penal»

La fiscal protagonizó ayer su intervención más trabajosa desde el inicio del proceso judicial, con una exposición de más de una hora. Pero lo hizo en el mismo sentido que hasta ahora; sostuvo que no hubo delito en la carga de la Ertzaintza y defendió la absolución de todos los acusados. Argumentó que no se ha podido identificar «al agente material que realizó el disparo que acabó con la vida de Iñigo Cabacas», y dijo no haber hallado «otra formas de autoría que darían lugar a reproche en el ámbito penal».

También dijo que las declaraciones, tanto de testigos de la acusación como de los ertzainas, son «absolutamente contradictorias e incluso, algunas, inverosímiles», y que no se ha probado «quién dio la orden de disparar».I.B.

Las defensas insisten en una batalla que no dejó ninguna secuela

En el lugar no se recogieron piedras, adoquines ni, desde luego, jardineras. Tampoco hubo ertzainas heridos ni alguna factura que acredite daños causados por una «batalla campal», pero las defensas insistieron en esa teoría. Jon Kepa Huertas, abogado del suboficial 1283, llegó a afirmar que se produjo «un ataque desmedido».

Huertas señaló que no ha quedado acreditado, «ni se va a poder acreditar», que la orden que dio su representado de cargar «fuera la causa del disparo que acabó con la vida de Iñigo Cabacas». Por su parte, Estefanía Rojo, abogada del otro suboficial y de los agentes, expuso que «una sola pelota» alcanzó al joven basauriarra, pero «hay sentados en el banquillo tres escopeteros», por lo que el problema de la autoría, sostuvo, es «evidente».I.B.