L a tenacidad ha conseguido algo de verdad para la familia de Germán Rodríguez, a quien la Policía española mató de varios disparos aquel trágico 8 de julio de 1978. Hubo otros siete heridos de bala aquella tarde. Todo empezó en la Plaza de Toros a raíz de una pancarta que solicitaba la amnistía colgada de uno de los tendidos. La policía gris abrió fuego contra una ciudadanía hambrienta de libertad que era plenamente consciente de la ventana de oportunidad que suponía la muerte del dictador para conseguir una democracia real. La orden del mando se grabó: había que disparar a matar.

Los sucesos conmocionaron la ciudad. Las fiestas de San Fermín se suspendieron. Y, en ese mismo momento, se iniciaba una lucha en busca de justicia. El debate llegó al Congreso. Txiki Benegas y Gabriel Urralburu (que hacía pinitos para convertirse en presidente de Nafarroa) pedían explicaciones al ministro del Interior Martín Villa apenas once días después. Ocurrió el 19 de julio en una sesión que acabó pasadas las tres de la madrugada. Fue en esa legislatura llamada constituyente. Rodolfo Martín Villa reconocía errores y se apoyaba en un informe elaborado por su Ministerio para defender que, en todo caso, algún mando se extralimitó. Dijo que todo fue un error, pero que el problema eran las algaradas. «En mi criterio, son responsables los mandos policiales y no los miembros de orden público que se limitaron a ejecutar [las órdenes]», aseguró.

Fermín Rodríguez, infatigable hermano de Germán, recordaba ayer que llegaron a abrirse cinco sumarios en los tribunales de Iruñea para esclarecer los hechos. Ese informe que tenía Martín Villa en su poder constituía una prueba fundamental. Pero toda aquella documentación, de repente, se esfumó. «El informe llegó incluso a ser reclamado por el Supremo, que era entonces el tribunal de mayor rango. No existía aún el Constitucional», explica Fermín.

El miércoles, esa documentación reapareció. Llevaba enterrada 40 años. Fue una especie de milagro. En esta legislatura, las instituciones navarras habían reclamado estos papeles por activa y por pasiva. Tanto el Parlamento como el propio Gobierno foral realizaron requerimientos formales. Pero no recibieron siquiera el acuse de recibo. Es exactamente la misma táctica que el Estado llevó a cabo con el Supremo cuando sucedieron los hechos: silencio.

En paralelo, los grupos de EH Bildu, Podemos, ERC y Compromís registraron peticiones dentro del Congreso. Con Mariano Rajoy como presidente se les notificó que aquel informe de Interior no existía. Luego cayó Rajoy y llegó Pedro Sánchez. La petición se reiteró y la respuesta fue la misma: «En relación a la documentación solicitada, se indica que no hay en los registros constancia del informe requerido».

Los papeles se encontraban en el archivo del Congreso. Según comentaban desde EH Bildu a GARA, la documentación resulta bastante extensa. Hay múltiples documentos policiales, fotografías y un gran mapa de la plaza. El informe no solo contiene datos policiales de los sucesos de Iruñea, sino de la oleada de protestas que conllevó, incluidos datos sobre la muerte de Joseba Barandiaran en Donostia y los actos de pillaje por parte de las FOP en Orereta. Los parlamentarios de EH Bildu fueron advertidos por parte de funcionarios de que estos papeles contienen datos sensibles de personas concretas, por lo que les recomendaron no hacerlos públicos.

Los originales se quedaron en el registro, pero los congresistas salieron de allí con una copia en formato digital. Estos documentos ya se han hecho llegar a Sanfermines del 78 Gogoan para su análisis. Esta plataforma abrió una causa penal contra Martín Villa y otros responsables del operativo policial el pasado mes de enero. Según explicaron, los documentos están siendo analizados por sus abogados para analizar la posibilidad de extraer nuevas pruebas de cargo. Bien para esa causa, bien para iniciar una nueva.

Sanfermines 78 Gogoan emitió una nota asegurando que supone una victoria, pues se ha roto con «40 años de encubrimiento» en torno a estos hechos. Aun con todo, subrayan que esta no es toda la información que se ha reclamado. En sus peticiones ante los tribunales, la plataforma menciona 17 documentos y este solo es uno de ellos.

Fermín ve en el hallazgo un paso adelante en su lucha por traer verdad y justicia a su hermano. «No creo que el informe sea la panacea ni la llave de todo, pues son datos policiales y no se van a descubrir. Pero se ha demostrado que llevan 40 años mintiéndonos», sostiene esta víctima.

Paso adelante de la ley de víctimas de nafarroa con abstención el PSN

El Parlamento navarro aprobó ayer la toma en consideración de la nueva Ley de Víctimas de Abusos Policiales y de Extrema Derecha. El texto pasó el trámite con el apoyo del cuatripartito y la abstención del PSN. Esta norma viene a sustituir la ley de 2015 que el TC invalidó el año pasado. La norma anterior sí fue respaldada por el PSN y el texto que se validó ayer no contiene avances sustanciales. Los motivos de la abstención probablemente haya que buscarlos en que en 2015 el PSN era oposición en Madrid y ahora se encuentra gobernando. Su portavoz, Inma Jurío, afirmó que la norma no pretende «blanquear a ETA», sino simplemente «reconocer a unas víctimas que no debieron serlo».

Por su parte, Bakartxo Ruiz (EH Bildu) insistió en que los límites que ha impuesto el TC son inasumibles, pero que sacar adelante una ley era necesario.

La derogación de varios artículos de la ley de 2015 impidió que se financiara un estudio sobre la tortura que iba a elaborar Paco Etxeberria. El miércoles, se reclamó un estudio así colocando mil sillas en la Plaza del Castillo. Cada una representaba a una persona torturada.