18 FEB. 2019 JO PUNTUA Causa General Anjel Ordoñez Periodista En este proceso no se persigue una ideología, ninguno de los acusados está siendo perseguido por sus ideas, se persiguen sus acciones». Son palabras pronunciadas por el fiscal de la Sala de Supremo, Javier Zaragoza el pasado miércoles, en la segunda jornada del juicio que se sigue contra los que se considera responsables del «procés» en Catalunya. Zaragoza rechazaba así las acusaciones de la defensa de los líderes catalanes, cuando califican el juicio de «Causa General» contra el independentismo. Seguiremos otro día con el juicio. Tiempo habrá, dado que se prolongará al menos durante tres meses. Hoy me fijo en el concepto de Causa General. Genéricamente, fue un proceso de depuración de responsabilidades políticas, puesto en marcha mediante un decreto del Gobierno franquista en abril de 1940. Otorgaba amplias facultades al Fiscal del Tribunal Supremo para «averiguar los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la ‘dominación roja’». Fue la coartada para la instrucción de numerosos juicios sumarísimos, torpe disfraz judicial de lo que en realidad fue la principal herramienta represiva de la dictadura, heredera directa de los bandos y consejos de guerra. La Causa General se dividió en once piezas, destinadas a esclarecer con detalle la «actividad criminal de las fuerzas subversivas que en 1936 atentaron abiertamente contra la existencia y los valores esenciales de la Patria». El curso de la investigación acumuló durante años una voluminosa documentación cuyo carácter superaba las actividades de los encausados, para detallar su ideología. El verdadero objetivo. Volvamos al presente. El fiscal Zaragoza insiste en que el juicio iniciado la semana pasada en Madrid «persigue un comportamiento que pretende la subversión y la ruptura del orden constitucional mediante actos violentos». Zaragoza fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional, heredera del Tribunal de Orden Público, aquel que enjuiciaba delitos «singularizados por la tendencia a subvertir los principios básicos del Estado o sembrar la zozobra en la conciencia nacional». No digo nada que no esté escrito ya. Eso es lo malo. Fue un proceso de depuración de responsabilidades políticas, puesto en marcha mediante un decreto del Gobierno franquista