La denuncia de la Fiscalía Superior de la CAV, que imputa a tres jefes de servicio por la filtración de exámenes en la OPE de Osakidetza y deja la puerta abierta a la imputación del exdirector de RRHH del Servicio Vasco de Salud, Juan Carlos Soto, y a otros directivos como Xabier Balerdi y Andoni Arcelay, ha puesto en la cuerda floja al consejero de Salud, Jon Darpón, blanco de las críticas de la mayoría sindical y de los grupos de la oposición.

«La OPE de Osakidetza ha sido un gran engaño y una estafa a gran escala a toda la sociedad, no solo a las miles de personas que se presentaron a los exámenes, y el responsable político máximo de esa estafa es el consejero de Salud», señaló ayer la parlamentaria de EH Bildu Rebeka Ubera, quien advirtió de que «Darpón no puede seguir escondiéndose tras la dimisión de la exdirectora de Osakidetza. Es hora de que asuma su responsabilidad y presente la dimisión, y si no lo hace por propia voluntad, tendrá que ser el lehendakari el que le cese».

A su juicio, «en Osakidetza la sociedad vasca ha sido víctima de un gran fraude y al PNV le toca ahora dar las explicaciones correspondientes». Por ello, va a volver a proponer la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Gasteiz. «La vez anterior PNV, PSE y PP impidieron crear la comisión, pero esperamos que esta vez sea diferente porque tras el informe de la Fiscalía nadie entendería que volvieran a bloquear nuestra iniciativa», destacó.

El pasado mes de diciembre el único grupo parlamentario que apoyó la comisión de investigación fue Elkarrekin Podemos, que ayer pidió una vez más el cese de consejero por «amparar y tratar de ocultar» las filtraciones. «El señor Darpón mintió y no garantizó la igualdad de oportunidades», explicó Cristina Macazaga, quien avanzó que pedirá, otra vez, la reprobación del titular de Salud en el Pleno. En la anterior ocasión, el PP se abstuvo, por lo que la propuesta de la coalición de izquierdas no prosperó.

Y parece que en esta ocasión tampoco saldrá adelante, ya que el presidente del PP de la CAV, Alfonso Alonso, dejó claro que él prefiere que «investigue la Fiscalía y el juzgado, porque las responsabilidades políticas están clarísimas y no necesitan ser investigadas».

Alonso, que alertó de que la situación actual es «insostenible», no fue tan claro al hablar sobre el posible cese de Darpón. Se limitó a emplazar al lehendakari, Iñigo Urkullu, a que «haga lo que tenga que hacer y tome la decisión que tenga que tomar» para terminar con «esta agonía y podamos entonces volver a confiar en un sistema transparente». «Urkullu debe decidir si quiere seguir quemándose en este asunto y que Osakidetza siga bajo sospecha o si quiere terminar con esto», apuntó, y manifestó que «a partir de ahora» el inquilino de Ajuria Enea será «el responsable de todo lo que ocurra».

Lakua cierra filas con Darpón

Parece que las críticas de la oposición no preocupan en exceso en el seno del Gobierno, que cerró filas con el consejero. «Creemos que no tiene sentido que dimita en este momento», señaló el portavoz, Josu Erkoreka, que insistió en que Darpón «ha declarado abiertamente su voluntad de colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos y en la determinación de responsabilidades». Es más, afirmó que «habría que impulsar todo lo contrario» para que «continuara en ese empeño, dentro del cual, se incluye un compromiso para formular una nueva propuesta de organización de las OPE en el futuro».

Cabe señalar que en el auto del Ministerio Público se recogen indicios de un delito de «revelación de secretos», y se apunta directamente a tres altos cargos de Osakidetza. En el caso de las pruebas de Anesteseología y Reanimación, por ejemplo, la Fiscalía apunta que «varios de los testigos médicos declaran que era sabido desde hacía tiempo que los exámenes se filtraban de una forma u otra».

La fiscal superior de la CAV, Carmen Adán, también ve sospechas de filtración en Aparato Digestivo, una categoría que no figura entre las especialidades en las que Osakidetza tiene previsto repetir exámenes. En este sentido, Erkoreka aseveró que «el hecho de que se abra una investigación judicial obliga al propio tribunal a reconsiderar y plan de trabajo y su estrategia futura». «Pero en qué medida, en qué manera y en qué términos, es algo que debe decidir el propio tribunal», añadió.

Los grupos de la oposición y los sindicatos han reclamado en diferentes ocasiones que se renueven los tribunales de las categorías bajo sospecha. No en vano, los tres imputados formaban parte o tenían una relación estrecha con los mismos.

LAB se levanta de la mesa sectorial

Los representantes del sindicato LAB se levantaron ayer de la mesa sectorial de Osakidetza, convocada «sin intención de poner en marcha una verdadera negociación y con el claro compromiso de aparentar normalidad». «No nos parece de recibo mantener la reunión de la mesa sectorial el mismo día que se conoce la denuncia de la Fiscalía, intentando dar una imagen de normalidad que no existe en Osakidetza», manifestó el sindicato, que defendió «un sistema público transparente, sin corrupción de ningún tipo. No podemos aceptar, ni en Osakidetza, ni en ningún sitio, que se pisotee el principio de igualdad y que se potencie el enchufismo». «Osakidetza no es el cortijo de nadie, ni puede ser un batzoki», añadió.

Por su parte, ELA denunció que en la mesa sectorial «Osakidetza ha vuelto a mostrar su nula voluntad de abordar lo sucedido en esta OPE, que tal y como ha avalado la propia Fiscalía, ha sido de suma gravedad». «Así, en una huida hacia adelante, finiquita todo lo anterior y plantea una serie de medidas a aplicar en futuras OPE que, dicho sea de paso, no garantizan el fin del sistema corrupto de selección de médicos especialistas vigente a día de hoy en Osakidetza. Se quiere hacer un lavado de cara pero en ningún caso abordar el problema», subrayó la central sindical.I.S.