Hace poco comentábamos que, pese a la apariencia de que los jueces del TS estaban actuando de guante blanco, cernían nubes negras sobre las cabezas de los encausados, tanto por las importantes penas que las acusaciones piden para ellos como porque un proceso como este no se monta para absolverles. Pero el desarrollo de los acontecimientos confirma nuestros temores. Por un lado el talante de los medios de comunicación que, salvo honrosas excepciones, constituyen un coro unánime de críticas a los acusados, sus abogados y planteamientos y declaraciones. Se ríen de ellos o les llaman golpistas, olvidadizos o directamente mentirosos, ignorando el derecho fundamental a no declarar en su contra y a no confesarse culpables. Si con las peticiones de pena que penden sobre sus cabezas aceptaran las tesis de las acusaciones estaríamos ante un planteamiento suicida. Todo son criticas para los encausados. En cambio, todo halagos para los acusadores. Solo se ha oído una crítica hacia la Fiscalía, y es porque, al entender de alguno, no está haciendo suficiente hincapié en la línea acusatoria de la rebelión. O sea, que quieren más caña. Defienden que la solución para un problema político de esta envergadura es estrujar las leyes penales para encerrar de por vida a los políticos independentistas.

Pero dentro de ese ambiente hostil lo que más llama la atención es el posicionamiento de Felipe VI. Ciertamente, tras su durísimo discurso de octubre de 2017, no cabía esperar otra cosa. Su posicionamiento contra la causa catalanista era claro y contundente: «se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia.». Pero es que ahora contesta en sus apariciones públicas lo que los acusados dicen en la Sala. Si hablan de un mandato popular democrático al que obedecían, tienen respuesta regia en forma de que no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho. Una actuación totalmente desviada del papel que la Constitución le asigna, de arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones.