Más de 2.000 docentes reclaman la compensación por su jubilación anticipada

Adostuz (Asociación de Docentes Jubilados del País Vasco) registró ayer en la Delegación de Educación en Bilbo una reclamación colectiva de indemnización en representación de 2.042 profesoras y profesores a los que se adeuda desde hace siete años entre 80 y 120 millones de euros. Confían en que el Gobierno de Iñigo Urkullu se siente a negociar los plazos o las fórmulas para que les abonen las cantidades que se les prometieron por su jubilación anticipada.

Los más de 2.000 docentes jubilados asociados en Adostuz advirtieron ayer al Ejecutivo de Lakua que «no cesarán en sus movilizaciones» hasta que se cumpla el convenio de 2010 del profesorado de enseñanza pública no universitaria, que contemplaba una indemnización por su jubilación voluntaria anticipada. En 2012, el Gobierno de Patxi López suspendió el pago aduciendo necesidades de contención del gasto en plena crisis económica, decisión que está afectando a alrededor de 3.000 profesoras y profesores.

Con un aumento de la recaudación ensalzada por las distintas administraciones públicas, los afectados estiman que «no hay excusa para mantener la suspensión», por lo que emplazan al Gobierno Urkullu a que «materialice el cumplimiento del acuerdo y podamos cobrar por fin las indemnizaciones». «Si no lo hace, está cayendo continuamente en fraude de ley», advirtieron, recordando que hay varias sentencias en primera instancia que lo reconocen.

«Después de 40 años trabajados y de ver mermado nuestro poder adquisitivo –calculan que oscila entre 500 y 700 euros–, la mayoría estamos pendientes de cobrar estas indemnizaciones, que no son ningún privilegio, sino un derecho adquirido en base a un acuerdo laboral firmado entre el propio Ejecutivo y los sindicatos», expuso Luisa Calvo, presidenta de Adostuz.

El objetivo que se buscó con ese plan de jubilación voluntaria anticipada de los docentes era el rejuvenecimiento de la plantilla, incidiendo en que así el Departamento de Educación se ha ahorrado el pago de sus complementos, con antigüedades superiores a los 30 años; de ahí la compensación en un pago único que se les prometió. Destacaron que, desde 2012, el Gobierno no ha adoptado ninguna decisión para suprimir esa indemnización ni ha denunciado siquiera el convenio laboral.

Tras siete años, la asociación calcula que se les deben entre 80 y 120 millones de euros. «La deuda se ha hecho grande porque no la han querido pagar», subrayaron, al tiempo que mostraron su disposición a negociar los plazos o las fórmulas para que se les abonen las cantidades pendientes.

Defendieron que es un derecho que les asiste, ante el que no vale ninguna decisión ni del Gobierno ni del Parlamento. Adostuz se reunió con el Ararteko, quien preguntó al Ejecutivo. «Le respondieron que no tienen dinero», lo que consideran una contradicción con declaraciones de miembros del Gobierno diciendo que la recaudación se ha incrementado.

Los 2.196 asociados a Adostuz no están solos, ya que la totalidad de los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria de la CAV –ELA, Steilas, CCOO, LAB y UGT– apoya su reivindicación, al igual que las asociaciones de centros públicos de Formación Profesional Ikaslan, y de Primaria y Secundaria BIHE y Sarean, entre otras, algo que agradecen. «Esperamos que el Gobierno cese en su cerrazón. Si nos obliga a seguir, vamos a seguir», insistieron.

En mayo de 2018, la Cámara de Gasteiz instó al Ejecutivo, con los votos de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP, al levantamiento de la suspensión al aprobar una proposición no de ley. En 2012, desvelaron desde Adostuz, el PNV les prometió que al llegar al gobierno iba a eliminar la suspensión, aunque al año siguiente «se echaron atrás». Consideran que ese partido está «muy obcecado en contra de nuestra causa».

«Todos los partidos están de acuerdo en levantar la suspensión menos el PNV, el único que se niega. El PSE está de acuerdo pero dice que no puede apoyarlo por el pacto de gobierno con el PNV», señalaron los docentes jubilados. En esa tesitura, Adostuz plantea que los grupos de la oposición presenten una proposición de ley que obligue al Ejecutivo Urkullu a cumplir el acuerdo parlamentario. «Tanto PNV como PSE van a seguir teniendo presiones nuestras», avanzaron, añadiendo que barajan un plan de movilizaciones.