Cuarenta y cuatro años de alegre democracia, y España no ha sido capaz de sacar a Franco de su mausoleo monumental. Cuarenta y cuatro, y el dictador preside un lugar que es patrimonio nacional. Ahora parece que por fin sí, pero también puede ser que todavía no: Sánchez apura plazos, pero el Supremo aún puede paralizar cautelarmente la exhumación mientras se resuelve el enredo creado por los muchos intereses en que el dictador permanezca en lugar privilegiado. Familia, priores, benedictinos, fundaciones y asociaciones franquistas se han lanzado a invocar acuerdos privados entre los Franco y la iglesia (la Iglesia, ya se sabe, siempre con los pobres, los humildes y los desfavorecidos), entre el Estado español y la Santa Sede (en la misma línea), tratados internacionales (parecido), y hasta la seguridad de los operarios para paralizar la exhumación. El dinero, seguro que no es problema: el culto al franquismo también debe de ser patrimonio nacional.

Alguien que conozco bien dice que el mejor ejercicio de memoria histórica sería dejarlo donde está y rodearlo de los nombres de todos los que, bajo su mano y mandato y en nombre de Dios y de España, fueron asesinados, fusilados, cuneteados y desaparecidos. La basílica (por lo demás, bastante tétrica) es enorme. Con suerte cabrían todos los nombres. Pero solo con suerte.