El 16 de setiembre comenzará un nuevo macrojuicio político en la Audiencia Nacional. 47 ciudadanos vascos se sentarán en el banquillo, acusados de formar parte del «frente de cárceles» de ETA. Se trata de abogados y otras personas vinculadas a organizaciones creadas para defender los derechos de los represaliados, como Herrira y Jaiki Hadi, detenidas entre los años 2013 y 2015 en tres operaciones denominadas “Jaque”, “Mate” y “Pastor”.

La Fiscalía solicita para ellas penas de entre 20 y 11 años de prisión por «participación activa en organización terrorista», delito «continuado de enaltecimiento del terrorismo» y «financiación de terrorismo». Fran Balda, integrante de Herrira que se enfrenta a una petición de 20 años y medio de prisión, está imputado además por un supuesto delito de «quebrantamiento de medida cautelar».

En un comunicado remitido ayer a los medios de comunicación, los encausados denunciaron que «durante todos estos años hemos sido conscientes de que en cualquier momento nos veríamos ante un juicio. Esta situación ha condicionado nuestras vidas y también las de nuestro círculo más cercano», que, tal como remarcaron, vive con el temor de que sus seres queridos sean encarcelados por «organizar movilizaciones en favor de los derechos de los presos políticos vascos, cuidar de la salud de los presos, defenderlos en los juzgados, realizar intermediación, ser familiares de presos y organizarnos para hacer frente a la dispersión». «Esas han sido las labores que hemos realizado y esos son los hechos que se van a juzgar», destacaron antes de advertir de que este nuevo macroproceso es «una aberración jurídica y social nacida en las cloacas del Estado».

«Nuestros trabajo ha sido público y ha tenido unos objetivos claros: que los derechos de los y las presas sean respetados, para consolidar de una vez una situación de paz y justicia en Euskal Herria», indicaron, y enmarcaron la situación de los represaliados vascos «en la terrible involución de derechos que se está dando a nivel mundial». «El caso de los jóvenes de Altsasu y lo que está ocurriendo en Catalunya nos demuestra hasta donde llegan la regresión y la persecución», manifiestan.

Un juicio «inaceptable»

Sare señaló que este juicio es «inaceptable». «En vez de avanzar en pro de la convivencia dando solución a la problemática de los y las presas vascas, este juicio camina en dirección contraria, creando más y más dolor. No vale más que para abrir nuevas heridas y seguir atando más y más nudos». Para LAB, «este pueblo necesita soluciones, no vías agotadas que solo traen más castigo, prisión, dolor y sufrimiento». En el banquillo estará su portavoz en Nafarroa, Imanol Karrera.