La hija de la activista hondureña Berta Cáceres y diputada del partido Libertad y Refundación (LIBRE) en el Congreso de su país pasó por Gasteiz en su gira para buscar solidaridad en la demanda de justicia en el caso de la muerte de su madre. Participó en las jornadas de “Cultura y Paz” organizadas por Gernika Gogoratuz y se reunió con la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz y organizaciones de cooperación. Zúñiga demanda observación en el nuevo juicio sobre la muerte de Berta Cáceres y que se envíen cartas al fiscal general para que se haga justicia. «Porque, aunque hay una condena, no hay justicia verdadera ya que no ha llegado a los autores intelectuales», afirma.

Siete personas han sido procesadas por la muerte de Berta Cáceres. ¿En qué estado se encuentra el caso?

Respecto a los autores materiales, emitieron un fallo judicial. Creemos que a esta gente la van a refundir en la cárcel, van a estar de por vida. No tenemos duda porque el Gobierno va a utilizar su encarcelamiento para decir que ya hubo justicia para Berta. Son los gatilleros, el eslabón más bajo. A ellos, por supuesto que les van a castigar, pero no a los autores intelectuales. Hace más de dos meses del fallo y no se ha publicado la sentencia, que debe publicarse en un plazo de cinco días. Ese retraso en Honduras es un poco normal pero también por las influencias de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima) dentro del poder político y en las instituciones judiciales.

¿Esas presiones podrían llegar a cambiar la sentencia de alguna forma?

Todo es posible. Sin embargo, no creo. Creo los van a utilizar como chivos expiatorios para no llegar a los autores intelectuales. Hace poco la misión anticorrupción de la OEA publicó una investigación en la que acusa a 17 personas vinculadas a actos de corrupción en torno al asesinato de mi mamá. Ya iniciaron el proceso por falsificación de documentos, abusos de autoridad, asociación ilícita y se capturó a uno de los autores intelectuales, que era el gerente de la empresa, Roberto David Castillo. Estamos solicitando la observación internacional, debido a que con ese caso sí tenemos el temor de un proceso irregular y se puede utilizar para liberarlos en un futuro. Hemos denunciado, con nombres y apellidos, quiénes dieron la orden, los accionistas de esta empresa. La familia Atala, familia de banqueros muy poderosos y empresarios. Hace un año, en el Congreso nacional, a los dos años de haber sido asesinada, presenté una ley, la Ley Berta Cáceres, para la anulación de los contratos de concesiones otorgados a DESA. Esa ley se mantiene engavetada (paralizada). Y en el Senado de Estados Unidos el objetivo del proyecto de ley Berta Cáceres es suspender el financiamiento y el apoyo militar por las violaciones de derechos humanos en Honduras. Es importante para nosotros para seguir visibilizando el caso y haciendo presión sobre el Estado hondureño para que llegue a los autores intelectuales.

¿La muerte de Berta Cáceres ha supuesto un punto de inflexión en la impunidad de hechos de este tipo?

La impunidad y la criminalización de los defensores y defensoras de los territorios sigue igual. Asesinar políticamente, a través de campañas de desprestigio, de la judicialización, eso continúa igual. Sin embargo, este asesinato fue una lección para algunos empresarios que pretenden imponer proyectos extractivos para tener más cautela a la hora de asesinar. En parte la lucha por la justicia, que no ha cesado en ningún momento, en una correlación de fuerzas completamente desigual, ha servido para proteger más vidas en un Estado fallido, un narcoestado. Y la cosa es sentar también un precedente por la Justicia en contra de la impunidad, llegando a un eslabón más alto de la autoría intelectual. También hemos denunciado a la banca internacional por financiar estos proyectos, porque, aunque se les advirtió de lo que estaba ocurriendo, no se suspendió la ayuda hasta que la asesinaron.

¿El proyecto está parado?

Sí. Perdió la financiación. El Finfom, el FMO suspendieron de manera definitiva el financiamiento, pero todavía el BCIE y el Banco Mundial financian a esta empresa. Durante el golpe de Estado de 2009 se impuso con más agresividad el modelo extractivista minero-energético y se concesionó más del 30% del territorio hondureño para Zonas Especiales de Desarrollo (ZED) o «ciudades modelo» y para la explotación de recursos hídricos y minerales. Eso ha hecho entrar en una situación de violencia muy grave, no solo para los pueblos indígenas, sino para todo el pueblo hondureño, que está siendo desplazado de sus territorios, criminalizado. Ha llegado también la violencia militarista. Ya Honduras es un país extremadamente militarizado, pero los lugares donde llegan estos conflictos se militarizan aún más; no solo por la Policía militar que impuso el régimen de Juan Orlando Hernández, sino por ejércitos privados de estas empresas. Con el militarismo viene la violencia sexual, contra las mujeres, contra las niñas. Está de más decir que las principales víctimas de los paramilitares son casi siempre las mujeres: lideresas, campesinas, sindicalistas, estudiantes, indígenas, feministas, de la comunidad LGTBI...

¿Cuál es la situación actual de Honduras?

La represión y violación de derechos humanos se agravó de una manera tremenda. Todos los índices estadísticos de violencia, feminicidios, desnutrición, desplazamientos... todo ha empeorado. Lo que el golpe generó fue una crisis humanitaria de la que el pueblo hondureño está saliendo en caravanas de miles y miles de personas rumbo a Estados Unidos o mujeres migrando con sus hijos a España. La crisis ha salido de nuestra frontera y eso ha generado un impacto. Nuestro pueblo sufre más racismo, más xenofobia en el trayecto a EEUU, y en los mismos EEUU. Se ha enjaulado a los niños, se les ha separado de sus familias. En esa situación la gente se está suicidando. Hay suicidios y feminicidios como nunca en la historia. Como consecuencia de este golpe de Estado, los grupos fácticos del país compactaron su poder y la gente está en un estado de indefensión total; especialmente quienes se meten en la lucha de la defensa de los bienes naturales comunes, que es una de las trincheras más peligrosas, porque toca grandes intereses económicos.

¿De quién?

Detrás están los empresarios de estos proyectos, pero también las transnacionales, el dinero de los bancos, el gran negocio de la generación de «energía renovable». Es el segundo más rentable en Honduras después del narcotráfico. Una mina de oro, porque a través de la corrupción imperante pueden conseguir permisos de operación, licencias de suministro de energía… y hay mucho apoyo financiero para los empresarios que se quieran meter. Realmente no es energía limpia, sino energía manchada de sangre de nuestros pueblos. Todo el sistema judicial del país está a favor de los intereses de estas empresas. Se han aprobado leyes ridículas contra el terrorismo para poder acusar a los indígenas, a los campesinos, y criminalizarlos y, al final, que la gente que lucha termine en la cárcel. Para ellos es normal la corrupción y no tienen ninguna responsabilidad, nadie los puede castigar. Ante eso el pueblo se organiza, tiene que dar batallas colectivas y es sumamente riesgoso.

Es tal el grado de descaro que parece que la presidenta prácticamente fuera la encargada de negocios de Estados Unidos. Es una guerra contra el pueblo, que está viviendo una miseria extrema. Y, sin embargo, todo el presupuesto está dedicado a la compra de armas y entrenamiento militar a Colombia, Israel, EEUU...

Ustedes denuncian el silencio internacional ante esta impunidad.

Hay bastante activismo en el país y fuera del país también, pero sentimos que Honduras está olvidada y que hay un silencio intencionado. Todo lo que está pasando es con el conocimiento de la UE y la ONU, que juegan a una doble carta: por un lado, hablan de los derechos de los pueblos indígenas; y por otro están, por ejemplo, impulsando, junto a la empresa privada y el Gobierno, iniciativas de ley por las que se quita a los pueblos indígenas la posibilidad de decidir sobre sus territorios y el derecho a la consulta. No es solo la corrupción que impera en el país, sino la corrupción a nivel internacional. Es la doble moral de algunos organismos.

Usted es diputada. ¿En esa situación qué margen hay para actuar en las instituciones de un Estado como ese?

No vamos a decir que no podemos hacer nada, porque si fuera así no habríamos participado. Podemos denunciar, obtener información, incidir en muchos temas. En el Congreso nacional somos la segunda fuerza, somos una fuerza de oposición muy fuerte, pero no es nada fácil porque a veces no se nos permite ni hablar. Hay que mantener una confrontación muy fuerte hasta para obtener la palabra. Pero como bloque de oposición hemos hecho acciones muy fuertes que nunca antes se habían visto en el Congreso hondureño.