Aquel «apartheid» monolítico y asfixiante de UPN (y PSN)

Primero se le llamó «búnker», luego «régimen», en Iruñea «barcinato»... Hace justo 20 años, UPN reforzaba su control institucional con potentes victorias en Nafarroa e Iruñea y CDN y PSN como avalistas. Empezaba una era de autoritarismo y represión extremas.

El 13 de junio de 1999 se celebraron elecciones municipales y forales. ETA llevaba 9 meses en tregua, el acuerdo de Lizarra-Garazi estaba vigente. Aquel día Euskal Herritarrok logró unos resultados sin precedentes en Nafarroa (47.271 votos y 8 parlamentarios) y se convirtió en la segunda fuerza del Ayuntamiento de Iruñea (con 18.465 votos y 6 concejales). Pero UPN arrasó: con un 42,37% de votos, y gracias a un acuerdo con CDN, Miguel Sanz repitió como presidente del Gobierno. En Iruñea obtuvo 12 concejales. Los 4 votos en blanco del PSN permitieron a una exconsejera de Sanz aún muy poco relevante políticamente, Yolanda Barcina, acceder a la Alcaldía.

UPN gobernó Nafarroa ininterrumpidamente desde 1996 (antes también de 1991 a 1995) y ostentó la Alcaldía de Iruñea desde 1999 hasta 2015. Hace cuatro años, fuerzas políticas condenadas durante décadas a un «apartheid» político obtuvieron unos resultados electorales históricos y consiguieron, por fin, superar la capacidad de veto del PSN y formar gobiernos de cambio en las instituciones más importantes de Nafarroa.

Este doble reportaje recoge algunos de los hitos del auge, la crisis y el colapso de la hegemonía institucional de la derecha navarra, hegemonía que se basó en la abrumadora superioridad electoral de UPN (que llegó a acercarse peligrosamente la mayoría absoluta) y en el apoyo del PSN, títere de Ferraz, además del CDN de Juan Cruz Alli.

Año 2000: la ruptura del Acuerdo de Lizarra-Garazi dio comienzo a una nueva fase de confrontación. ETA atentó con fuerza tras dar por finalizada la tregua; la izquierda abertzale fue ilegalizada y sacada de las instituciones, sus direcciones y militancia fueron perseguidas y gran parte de las «herrikos», cerradas; el Gobierno Aznar aprobó la Ley 7/2003, que derivaría en 40 años de cumplimiento íntegro para los presos vascos; "Egunkaria" fue cerrado por orden de la Audiencia Nacional y tuvo lugar el macrojuicio 18/98. En este contexto, y basándose en el endurecimiento de ese «apartheid» político, institucional y sindical a las fuerzas abertzales y de izquierdas, UPN desarrolló unas políticas agresivas de imposición de infraestructuras y una guerra cultural contra el euskara, los símbolos y la cultura vasca y contra las expresiones de autoorganización ciudadana en general.

La Policía Municipal, clave

Una de las bases del sistema de Barcina, que sería alcaldesa desde 1999 hasta 2011, fue el modelo de Policía Municipal. Recién tomada la vara de mano, fichó como jefe del cuerpo a Simón Santamaría, hasta entonces responsable de seguridad de Volkswagen. Nacido en Marruecos, comandante del Ejército de Tierra español, durante los 15 años que estuvo al frente de la Policía Municipal Simón Santamaría fue haciendo de ella un cuerpo militarizado, represivo y de choque, que actuó contra el movimiento popular y, en especial, contra la juventud organizada de la capital navarra. También contra colectivos vulnerables como las minorías étnicas, como denunció reiteradamente SOS Racismo. La trayectoria del cuerpo fue sumando actuaciones violentas y decenas de denuncias, especialmente a partir del desalojo del Euskal Jai. El 5 de agosto de 2008 María Ángeles Amador, vecina de la Rotxapea de 52 años, murió días después de recibir un porrazo en la cabeza. Una agente fue juzgada y, posteriormente, resultó absuelta.

Las políticas de UPN se caracterizaron por la negación del diálogo para resolver conflictos sociales, la imposición y la represión. A finales de julio de 2001, el Ayuntamiento de Iruñea dio inicio a las obras de construcción del parking de la Plaza del Castillo ignorando las 25.000 firmas que la Plataforma en Defensa de la Plaza del Castillo había reunido demandando un referéndum. Hubo disturbios masivos durante varios días, no menos de 60 detenciones y numerosos heridos, y potentes movilizaciones. A finales de setiembre, unos 20.000 vecinos de Iruñea participaron en el referéndum organizado por la plataforma. Finalmente, a pesar del fuerte rechazo que generaron las obras, el parking fue construido.

En 2002 el Ayuntamiento prohibió la instalación de las txoznas sanfermineras, vigentes desde la «transición» con conflictos puntuales como el derribo con excavadora ordenado por el alcalde Alfredo Jaime en 1991, en espacios cercanos a Alde Zaharra. En la comisión de txoznas participaban 27 colectivos del más amplio espectro de la izquierda navarra, que lograban financiación y ofrecían un espacio festivo alternativo en el que el fin de semana de fiestas podían llegar a juntarse hasta 20.000 personas. Agotada la vía jurídica, el 4 de julio un centenar de voluntarios intentó montar las txoznas pero la Policía lo impidió, cargando e hiriendo a tres personas. La noche anterior al txupinazo hubo una protesta ruidosa en la plaza del Ayuntamiento. También un operativo poco convencional: además de los antidisturbios de la Policía española, decenas de encapuchados recorrieron las calles de Alde Zaharra con porras, barras de hierro y cadenas, protagonizando un número indeterminado de agresiones y sembrando el pánico. Hubo una detención. No se hizo público ningún balance de heridos. La hemeroteca apenas recoge los hechos, el inicio de los sanfermines lo eclipsó completamente.

Perdido el espacio festivo, el gaztetxe Euskal Jai albergó una barra de algunos de los colectivos hasta que, en 2004, el gaztetxe sería desalojado.

Al día siguiente, Markos Erro, concejal de Euskal Herritarrok, resultó agredido por concejales de UPN cuando intentaba sacar la ikurriña en el balcón del Ayuntamiento durante el txupinazo. En la calle San Saturnino hubo un cuerpo a cuerpo entre agentes de la Policía española de paisano y un grupo de personas que se dirigían a la plaza del Ayuntamiento con ikurriñas. Acusados de haber participado en el choque, en agosto 7 jóvenes fueron detenidos y encarcelados. El pulso en torno a la presencia de la ikurriña o de pancartas reivindicativas en el txupinazo venía de atrás, pero el Ayuntamiento endureció su actitud, generando innecesariamente situaciones de violencia, detenciones, etcétera, prácticamente todos los años.

Por otro lado, mediante la Ley de Símbolos acordada por UPN y PSN, en vigor desde abril de 2003, el Gobierno de Nafarroa perseguía con celo la presencia de la enseña vasca en los ayuntamientos navarros, contrastando con la remarcable pereza con la que afrontaba la presencia de símbolos franquistas que dicha ley también prohibía.

Acoso y derribo al euskara

El Gobierno también endureció su ya de por sí restrictiva política linguística. La plataforma Oinarriak impulsó una ILP con el objetivo de superar la Ley del Vascuence y promulgar una norma que posibilitara la normalización del euskara. 48.246 personas apoyaron esa ILP con su firma, superando largamente las expectativas de sus promotores. Ante esta demostración de fuerza, el presidente del Gobierno, Miguel Sanz, declaró que la iniciativa «puede ser rebatida por quienes tenemos 150.000 votos detrás que nos están pidiendo una revisión de la Ley del Vascuence en sentido contrario». En febrero de 2001, Oinarriak y Hautetsiak reunieron a 27.000 personas en una de las manifestaciones más grandes habidas en Nafarroa hasta la fecha, y en diciembre a otras 10.000. Pero no se consiguieron resultados significativos. Sanz reaccionó con un decreto absolutamente restrictivo, que puso al euskara en la Administración muy por debajo del inglés, el francés y hasta el alemán.

El movimiento estudiantil también pujó con fuerza a favor del euskara en el ámbito de la UPNA, topándose con la actitud represiva del rector Antonio Pérez Prados (posteriormente parlamentario de UPN). Entre junio de 2001 y abril de 2002 se produjeron tres encierros de estudiantes y profesores, dos en favor de una mayor implantación del euskara en la educación y otro en contra de la LOU. Pérez Prados hizo frente a los tres encierros llamando a la Policía española, que realizó un total de 210 detenciones. En el último, la Policía española se ensañó, sacando a rastras de malas maneras a los estudiantes. Dos tuvieron que ser hospitalizados. En protesta, el movimiento estudiantil convocó una huelga en la UPNA que fue ampliamente secundada: 2.000 estudiantes se manifestaron en protesta por lo sucedido. Pérez Prados no dimitió, pero perdió las siguientes elecciones rectorales. Fue elegido Pedro Burillo, sensiblemente menos autoritario que su predecesor. Tampoco hubo avances en materia de euskara en la UPNA.

2003, otra vuelta de tuerca

Las siguientes elecciones municipales y forales fueron en 2003. Por primera vez, la izquierda abertzale participó ilegalizada. En Nafarroa, la candidatura Autodeterminazioarako Bilguneak sumó unos 20.000 votos nulos. Este veto benefició a UPN, que, además de subir ligeramente en votos, se acercó a la mayoría absoluta, obteniendo 23 escaños de 50 en el Parlamento y 13 concejalías de 27 en el Ayuntamiento de Iruñea. UPN no sufrió ningún desgaste por sus políticas autoritarias, y, gracias a un nuevo acuerdo con CDN, sin necesitar siquiera al PSN, se encontró en una situación inmejorable para seguir desarrollándolas.

El llenado del pantano de Itoitz estaba proyectado para ser llevado a cabo justo después de elecciones. Con un enorme apoyo local, los Solidarios con Itoitz organizaron una resistencia desobediente y no violenta. La Policía Foral se empleó a fondo para sacar a las personas bunkerizadas en las casas de Itoitz y Artozki. Un centenar de personas fueron detenidas. Finalmente, los pueblos se desalojaron y las casas terminaron demolidas. Veinte años de lucha contra el pantano concluyeron en enero de 2004, con el comienzo del llenado del embalse.

Superada la resistencia en Itoitz, UPN y PSN declararon la guerra a los gaztetxes de Iruñerria. En abril de 2004 la Guardia Civil desalojó el de Barañain por orden del alcalde (del PSN). En agosto, el emblemático Euskal Jai fue desalojado y derribado. Le siguieron una gran cantidad de okupaciones y desalojos. En el contexto de las elecciones de 2007, la dinámica Piztera! desarrolló una potente campaña de acciones de desobediencia civil a fin de denunciar la represión. Finalmente, tras el fracaso de la okupación del palacio Marqués de Rozalejo en mayo de 2007, tras 23 desalojos, más de 150 detenciones y con dos centenares de personas en espera de juicio, un joven encarcelado y una docena en riesgo de serlo, el movimiento juvenil se vio superado. La okupación como medio para conseguir un local se agotó. Parte del movimiento juvenil de Iruñerria buscó alternativas (alquiler de locales, utilización de instalaciones vecinales), mientras que otros sectores simplemente se dispersaron. El único gaztetxe que sobrevivió fue el de Zizur.

Durante todos estos años la guerra cultural desatada por UPN también se cebó con la celebración del Olentzero, la Korrika, los medios en euskara y GARA, las fiestas de los barrios, las peñas, Gora Iruñea, las ikastolas, la captación de ETB, etcétera, de las formas más diversas: acoso policial, tasas, multas, prohibiciones, retirada de subvenciones a medios en euskara, veto a GARA en las bibliotecas, impago de ayudas públicas a las ikastolas de la zona no vascófona, denegación de permisos, de licencias de radio, de espacios para charlas, ruedas de prensa, recogidas de firmas...

Por otro lado, el Gobierno de Nafarroa mantuvo una posición de total alineamiento con el Estado en lo concerniente al conflicto, y se situó al lado del PP contra el proceso de diálogo entre ETA y el Gobierno de Zapatero. Convocó en 2007 una movilización bajo el lema “Fuero y libertad. Navarra no es negociable”, consiguiendo reunir unas 50.000 personas. Y es que esa era la función principal de ese «apartheid»: garantizar la inviabilidad de un proyecto nacional vasco.

Fueron los años del auge de UPN, tiempos oscuros de resistencia, retroceso y frustración para el movimiento popular navarro. Era un escenario completamente diferente al actual, con ETA actuando y condicionando las políticas vasca y española, con la izquierda abertzale ilegalizada, una represión desmedida y una UPN sólida y pujante que, con el inestimable apoyo de PSN y CDN, pasaba por encima de toda expresión popular. El tejido social y militante le hizo frente como pudo, organizando resistencias realmente ejemplares, cosechando también grandes fracasos y viendo como UPN salía fortalecido elección tras elección y como las instituciones le iban acotando por la fuerza los márgenes de acción. Pero en los años 2008 y 2009 dos puntos de inflexión empezarían a sentar las bases de lo que por aquel entonces era sencillamente inimaginable...