Arco cronológico

Dentro del relato y descontextualizando los tiempos, nos han arrastrado a un escenario que comienza en una fecha determinada y concluye en otra. Por entendernos, parece como si el conflicto, el quid o como quieran llamarlo, incluso la cuestión insurgente, la terrorista, la de confrontación o simplemente la extremista hubiera tenido como punto de partida el año de 1960. Recuerden, el año que murió Begoña Urroz.

Sabemos, porque somos ilustrados, que el inicio de la elección de semejante año tuvo un interés exclusivamente político. Algunas instituciones, asociaciones memorialistas también, han segmentado sus lecturas en dos partes: 1960-1978 y 1978-2011. Por razones que comprenderán. Quizás hasta 1978, en la época preconstitucional, la rebeldía estaba justificada. A partir de esa Constitución de 1978, las «libertades democráticas» tomaron carta de naturaleza y ya el fin no justificaba los medios. Porque el fin, libertad, democracia, etc. había ingresado por la puerta grande.

Y así erre que erre. Si se trata de analizar el inicio de las vulneraciones de derechos humanos: 1960. Se introduce la idea del inicio de cuándo se quebró la paz: 1960. ¿Cuándo comenzó el odio a los iconos hispanos?: 1960. ¿Desde qué época la sociedad vasca comenzó a dividirse supuestamente en dos comunidades?: 1960. La respuesta a todas estas preguntas tiene un único enunciado: ETA.

Sin embargo, me sorprende el hecho de que tratándose el meollo y en la mayoría de los casos, una valoración sobre vulneraciones de derechos humanos, la fecha tenga que ver con semejante elección, 1960. Ahí hay un fracaso discursivo de calado, de asociaciones e instituciones.

Voy a ser directo. Si efectivamente, y así lo creo, hay múltiples violaciones de derechos humanos en Euskal Herria, vayamos pues a esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. No se preocupen, al día de hoy, la declaración ha sido traducida a 500 idiomas, por lo que su lectura está al alcance de todos, incluso de los que la firmaron. Fue, además, un pacto del liberalismo, cuyas consecuencias vivimos aún hoy. Es decir, sus reglas.

En dicha declaración, protocolo para proteger los derechos básicos, se cita al derecho a la vida, pero también se añade que nadie podrá ser torturado, ni sufrir malos tratos. Tampoco que nadie podrá ser arbitrariamente detenido ni desterrado, ni injerencias en su correspondencia. En fin, se alumbraron una serie de artículos que citaban la libertad de opinión, expresión, educación, la igualdad de derechos de hombres y mujeres… En su preámbulo, la declaración explicita un tema controvertido según las interpretaciones: «Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión».

Me dirán con razón, que a España la declaración se la fumaba hasta que la integró en su Constitución de 1978. Es cierto, hasta entonces y al parecer, torturar o matar era legítimo. Dejar a las mujeres en tareas denigrantes o en tercer o cuarto plano (necesitaban del permiso de su marido las casadas para abrir una cuenta corriente, entre otras vejaciones), era también «legal». Ahora, descontextualizando esa época, son numerosas las instituciones que olvidan esas cuestiones y alargan su respeto por los derechos humanos hasta 1960, destacando que opositores, todos ellos criminalizados, no lo hacían. Tremendo y falaz argumento.

Pero, en el supuesto caso que así fuera, vamos a penetrar en el periodo «democrático». España firmó, como decía, la declaración a finales de 1978. Poco más de tres años más tarde, el 10 de mayo de 1982, España ingresaba en la OTAN. En realidad lo había hecho con anterioridad, en su red paralela llamada Gladio (GAL expandido), y, por la cercanía, en la cesión de las Bardenas como polígono de tiro. Un trabajo reciente nos ha recordado los setenta accidentes, con veinte militares muertos en maniobras y dos pastores fallecidos a consecuencia de las bombas.

No había caído en la cuenta de la responsabilidad hispana en los crímenes de la OTAN, de sus vulneraciones masivas de derechos humanos, hasta que leí la lista de la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo), en la que incluía, junto a los muertos por ETA, a los militares españoles fallecidos en Afganistán, Yemen o Irak.

Seamos ecuánimes, en consecuencia. Todas las víctimas son iguales, nos dicen. La intervención de la OTAN en conflictos (me voy como partida a 1982 para que no me achaquen un «carácter retroactivo»), ha provocado 5.700 víctimas mortales (400 niños) en la antigua Yugoslavia, 35.000 en Afganistán, un millón en Irak (la cuarta parte mujeres y niños), 20.000 en Libia, etc. España no se escapa de su responsabilidad. Utilización de aeropuertos como despegue de los cazas, apoyo logístico, suministro de combustible, apoyo humano y de infraestructura, y mando sobre el terreno y en la retaguardia. En cuanto al resto, es conocido: torturas, violaciones, desapariciones forzadas…

No encuentro, sin embargo, estas referencias. Por eso, el argumento que utilizan es como mínimo hipócrita. Son víctimas de violaciones de derechos humanos los victimarios, pero no las víctimas. Por ello, la explicación no es de recibo. La podrán extender para quienes apoyen ciegamente razias y reparto ilógico del mundo, pero jamás puede tener cabida en una reflexión, y menos aún en un informe sobre los derechos humanos.

Por ello, el tema del arco cronológico está contaminado desde su inicio. Sobra banalización, frivolidad. Sobran espacios de impunidad, que son demasiados. Si el objetivo es la reflexión colectiva, los cimientos que han puesto en general las instituciones están, todavía, lejos de los que realmente debiera aspirar una sociedad que necesita construirse en paz y en democracia.