Intervino usted en la mesa redonda de la contracumbre sobre la abolición de la deuda ilegítima pública y privada. ¿Por qué ilegítima?

En el caso de una deuda pública, se define así a la que está contraída en unas condiciones que no respetan los intereses de la población, o también cuando se favorece a una minoría privilegiada. Por ejemplo, cuando para salvar un banco privado que va a hacer quiebra por haber tomado riesgos exagerados se le da dinero público.

¿Existen ejemplos en el mundo de deudas que se hayan abolido?

Por supuesto. En la historia moderna, pongamos desde hace dos siglos y medio a hoy, hay casos en los que, como consecuencia de la movilización ciudadana, han sido abolidas. La Convención de 1792 proclamó la anulación de dos tercios de la deuda pública argumentando que el pueblo francés no tenía por qué pagar por las deudas contraídas por la Monarquía. En 1919, México anuló las deudas reclamadas por banqueros franceses y otros que habían prestado dinero a regímenes corruptos combatidos por regímenes democráticos legales. En 1837 los habitantes de cuatro estados de EEUU (Arkansas, Florida, Missouri y Michigan) se sublevaron contra sus respectivos gobernantes, que habían aumentado los impuestos para pagar importantes deudas adquiridas con bancos que corrompían a hombres políticos. Derrocaron a esos gobiernos y los nuevos gobernantes anularon la deuda. Hay otros ejemplos, como Costa Rica. Y mucho más cerca en el tiempo, Ecuador revocó en 2008 una deuda que fue considerada ilegítima por una comisión de auditores específica en la que yo mismo participé. El mismo año está también el caso de Islandia, que se negó a pagar una deuda reclamada por Gran Bretaña y Holanda. Hay una serie de ejemplos a lo largo de la historia pero, eso sí, solo pasa cuando los ciudadanos se rebelan y presionan a sus respectivos gobernantes.

Dice usted que, por lo menos desde el siglo XIX, la deuda es un arma de dominación política. Y que además no solo afecta a los países denominados pobres, sino también a los desarrollados. Se ha convertido en una suerte de nuevo colonialismo. ¿Dónde queda la democracia en todo esto?

Lo que ocurre es que los prestamistas han logrado que los estados entren en el engranaje de la deuda pública y gracias a ello sacan pingües beneficios permanentemente. Las políticas neoliberales aplicadas desde la época Thatcher-Reagan hacen que el sector de las finanzas someta a los estados a una dinámica continua de reembolso de la deuda y estos renuncian a sus obligaciones hacia los ciudadanos. Como consecuencia, se reduce el gasto social para reembolsar una deuda que beneficia a una minoría privilegiada.

Entonces, ¿quien tiene realmente el poder? ¿El FMI, el Banco Mundial...?

Las grandes sociedades financieras e industriales, que están totalmente ligadas entre ellas, es decir, el gran capital para utilizar una fórmula clásica. FMI y BM son organismos que están al servicio de ese gran capital y ejercen una presión enorme hacia los gobiernos. Tenemos ahora mismo el caso de Argentina o de Grecia, que están soportando el chantaje del FMI. Y estos señores del G7 que se reúnen en Biarritz están directamente vinculados al FMI, que es una especie de gendarme de grandes multinacionales y grandes potencias económicas.

En un momento en el que el estado de la izquierda en general no es muy boyante y el fatalismo gana enteros entre la ciudadanía impotente contra este estado de cosas, ¿qué aportan iniciativas como la contracumbre del G7?

Es evidente que la situación en Europa y en otras zonas del mundo es complicada, pero no hay que bajar los brazos. Hay que seguir avanzando en la concienciación y eso debe declinarse, a su vez, en movilización si queremos que despliegue su fuerza transformadora. Precisamente por eso nos hemos reunido en esta contracumbre al G7, para contribuir a relanzar la movilización.

Hoy día, el movimiento altermundialista no tiene la misma fuerza que al principio de la década del 2000, pero es absolutamente necesario que se reinvente para recuperar su capacidad de convocatoria. Porque estamos viendo que se dan movilizaciones espontáneas como la de los chalecos amarillos, un poco en la misma línea que los indignados de 2011 en España. La cuestión es dar perspectivas a todos estos movimientos. Las fuerzas políticas de izquierda deben dejar de decepcionar a la ciudadanía cuando esta las pone en el gobierno. Por ejemplo, se percibe una gran desilusión tras la capitulación de Tsipras en 2015 en Grecia. Es necesario que estas fuerzas cumplan sus promesas cuando alcanzan el gobierno y vuelvan a dar esperanza a la gente.

Usted propone la creación de nuevas instituciones internacionales para hacer frente a esta situación. ¿Qué tipo de de instituciones?

Hay que refundar Europa. La Unión Europea es una institución antidemocrática y al servicio de intereses privados. Todos los tratados europeos están mayoritariamente dirigidos a satisfacer los intereses de una minoría privilegiada: la competencia a cualquier precio, el derecho de las multinacionales, la austeridad permanente, la reducción del gasto social… Las instituciones como el FMI o el BM no sirven al interés general. Por tanto, hacen falta nuevas instituciones políticas sobre otras bases y con organismos financieros internacionales que reemplacen al FMI, BM, etcétera.

Aunque suene un poco irónico, oficialmente este G7 es una cumbre contra las desigualdades. Es sabido que las desigualdades son fuente de conflictos sociales y los conflictos no son beneficiosos para los intereses del capital. ¿Qué cree que van a hacer estas grandes potencias capitalistas para reducir, dicen, las desigualdades?

Eso es pura retórica. Sus políticas y actuaciones van absolutamente en sentido contrario. Las desigualdades no se originan de forma natural; son el resultado de las políticas desarrolladas por los gobiernos que se reúnen en Biarritz y por los que les han precedido. Esto es una hipocresía enorme. Estos jefes de Estado se reúnen periódicamente y eligen temáticas con la intención de engañar a la opinión pública internacional.

Dicho esto, creo que a estas alturas ya no engañan a nadie. Visto lo visto, su grado de credibilidad está extremadamente menguado. Trump, Boris Johnson, Salvini… tenemos jefes de estado que están cada vez más desacreditados porque han abandonado los principios fundamentales del derecho internacional. Y nosotros estamos aquí para denunciarlos con firmeza y sin vacilaciones.