El juicio contra los líderes políticos y sociales soberanistas concluyó el pasado día 12 de junio en el Tribunal Supremo español. Fundamentalmente, han sido juzgados por organizar un referéndum de autodeterminación. Actualmente, al final del verano, estamos a la espera de la sentencia, que no será una sentencia más, sino un hito, especialmente para el pueblo catalán, pero también para el pueblo vasco.

Podemos afirmar que el proceso judicial no ha sido justo, que ha estado repleto de arbitrariedades, que se ha basado en acusaciones sin fundamento, y que con el mantenimiento de la prisión preventiva se han vulnerado los derechos fundamentales de las personas encausadas encarceladas, tal y como lo ha denunciado el grupo de trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. Lo tenemos muy presente: Jordi Cuixart y Jordi Sànchez llevan injustamente encarcelados casi 700 días. Oriol Junqueras y Joaquim Forn más de 660 días. Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Turull y Josep Rull, más de 550. Injustamente.

No esperamos una sentencia justa, sino todo lo contrario. En nuestra opinión, la única sentencia justa y razonable sería la absolución, pero, por desgracia, esperamos únicamente castigo y escarmiento. Ante el referéndum del 1 de octubre de 2017, vimos una respuesta de Estado (represión y violencia policial, 155...). En el Tribunal Supremo hemos sido testigos de un juicio de Estado. Y, ahora, puede que veamos una sentencia de Estado.

El presidente en funciones del Gobierno español Pedro Sánchez adelantó recientemente de forma bastante clara cómo es la sentencia que viene. En la entrevista concedida a La Sexta el pasado 18 de julio, al explicar el veto a Pablo Iglesias, dejó claro qué tipo de sentencia espera: «Ante una de las mayores crisis de Estado que vamos a vivir en las próximas semanas o meses, de estos últimos cuarenta años de democracia, no me puedo permitir el lujo de tener a un vicepresidente del Gobierno que, por lealtad, lo único que haga, sea mirar para otro lado o silenciar...».

Si Pedro Sánchez cree que como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo viene «una crisis de Estado», es porque prevé una sentencia condenatoria. Es necesario, por tanto, reflexionar también en Euskal Herria sobre la sentencia que viene. Si, finalmente, trae condena, tendrá consecuencias graves para cualquier ciudadana o ciudadano que viva en el Estado español, pero, especialmente, para quienes amamos la soberanía de los pueblos, para quienes queremos decidir y construir libre y democráticamente el futuro de nuestros pueblo.

Si la sentencia resulta ser condenatoria, querrá decir que se abrirá una gran puerta a la criminalización de los derechos fundamentales –derecho de manifestación, derecho de reunión, libertad de expresión...–. Por ejemplo, ejercer el derecho de manifestación para protestar ante unas detenciones puede convertirse en delito, si conviene. Ejercer la libertad de expresión para llamar a votar, con el objetivo de decidir el estatus político futuro, también. Todo ello supondría un absoluto retroceso en el ámbito de los derechos y libertades. Una auténtica crisis de democracia.

Sinceramente, no se puede afirmar, desde el punto de vista de los derechos y libertades, que la situación actual en nuestro entorno goce de buena salud. Están a la vista de todas y todos las consecuencias nefastas para la libertad de expresión y el derecho a la información de la aplicación de la llamada «ley mordaza». O, también, cómo se han llegado a criminalizar el derecho a manifestación, el derecho de defensa o el derecho a la salud en el sumario 11/13, cuyo juicio oral contra 47 personas comenzará el 16 de setiembre.

Tenemos el convencimiento de que si llega una sentencia condenatoria en el juicio del «procés», la mayoría de la sociedad vasca reaccionará en consecuencia. Sus ciudadanas y ciudadanos nos movilizaremos las veces que haga falta para proteger los derechos fundamentales y las libertades. Solo si somos capaces de defenderlos conseguiremos hacerlos efectivos.

Es posible que en los despachos de Estado haya quien piense que una condena propague la desesperanza en los pueblos que desean ser soberanos. Pero, no; como dice Jordi Cuixart, «si la brutalidad policial no va a poder detener centenares de miles de votantes el 1 de octubre, ¿alguien piensa que la sentencia del Supremo hará que los catalanes dejen de luchar por su derecho a la autodeterminación?». Tenemos la certeza de que no dejarán de luchar. Las ciudadanas y los ciudadanos de los territorios vascos, tampoco. Porque queremos que el futuro esté en nuestras manos. Decidido libre y democráticamente por nosotras y nosotros. Igual que en Escocia. Precisamente, el mismo partido laborista lo ha reconocido recientemente: a los escoceses no se les puede negar el derecho a organizar un segundo referéndum de autodeterminación. En una democracia, votar nunca puede ser delito.

Con esa perspectiva, Gure Esku está preparando e impulsando una iniciativa ciudadana a favor de decidir en referéndum. Con la esperanza y el convencimiento de llegar a ser dueñas y dueños de nuestro futuro. Una iniciativa popular abierta y plural, que reivindicará la soberanía de la ciudadanía para decidir sobre todo. Juntos y en cooperación, demostraremos que somos una marea de voluntades imparable. Y, finalmente, haremos posible decidir.