«Nuestros permisos abren una vía a compañeros a los que les quedan una burrada de años»

Cuando EPPK apostó por la pelea legal para ir vaciando las cárceles ya vaticinó que los resultados llegarían con cuentagotas. Apenas media docena de presos han obtenido permisos, y tres de ellos se han sentado con GARA para explicarlo, una vez libres.

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Segundo grado-permisos ordinarios-tercer grado-libertad condicional. Lo que para cualquier persona presa en régimen común es una secuencia continua, lógica, natural, para los casi 250 presos de EPPK supone una carrera de obstáculos tal que apenas media docena han logrado pasar la valla de las salidas temporales. Pero con ello han abierto brecha. El primero, Xabier Sagardoi, que no ha olvidado la fecha en que pudo volver a pisar Barañain y abrazarse con familiares y amigos: «6 de abril de 2018». Solo eran tres días, cierto, pero aquello abría un agujero en un muro.

No oculta Sagardoi, condenado por pertenencia a Segi, que «al principio sí me dio vértigo ser el primero en explorar esta vía. Me quedaba un año de cárcel y por mí no lo hubiera hecho, pero viendo que hay compañeros a los que les queda una burrada de años, se trataba de abrir el camino para que ellos pudieran luego acogerse a los beneficios. Abriendo una vía, sería más fácil para los demás seguir ese camino».

De los tres testimonios reunidos por GARA en una misma mesa (otros como Gorka Fraile no pueden unírseles al seguir en prisión), Sagardoi fue quien menos trabas encontró por parte de la Junta de Tratamiento de la cárcel –Soria– y los juzgados. «Disfruté seis permisos en total: tres días más en mayo, cuatro en Sanfermines, otros cuatro en setiembre, y luego ya seis en diciembre y seis en febrero de 2019». Terminó el cumplimiento en Iruñea acudiendo solo a dormir, y no a la cárcel, sino al CIS ubicado en el mismo recinto. No llegó a tanto Ezkerra, a quien la cárcel de Burgos nunca le dio permiso, pero sí el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro. Ni tampoco Alfredo Remírez, que apenas encadenó dos permisos y ya muy al final de la condena de un año.

El inefable surrealismo carcelario empapa toda la conversación, dejando claro que ni siquiera en estos casos que siguen siendo excepciones ha resultado fácil. Uno de los argumentos con que la Junta de Burgos negó permiso al donostiarra Ezkerra (también condenado por Segi y apresado en el herri harresi del Boulevard) era «mal uso del permiso. ¡Pero si yo no había salido! ¿Cómo podía haber hecho mal uso? Puedo llegar a entender que si sales y haces el cabra te lo denieguen, pero no era el caso. Lo que ocurre es que ante una situación nueva que les plantea el Colectivo, no quieren mojarse hasta ver qué directriz marca Madrid, y entonces te responden con este tipo de afirmaciones genéricas y evasivas».

Lo mismo percibió el amurrioarra Alfredo Remírez, encarcelado por su actividad tuitera como @erreharria, sumada a otra condena anterior: «Pedí el permiso cuando cumplí un cuarto de condena, en Basauri, pero me lo denegaron porque aún no tenía destino ni grado asignado. Luego me llevaron a Daroca, volví a pedirlo y entonces me lo negó la Junta por ‘posible reincidencia’. Cuando fui al educador a pedirle explicaciones, me dijo que el director no se veía con valor para decirle a Madrid que yo me merecía un permiso, pero me animó a recurrirlo porque él sabía que me lo iban a dar. Y fue en Zaballa cuando ya me lo concedieron, aunque hicieron lo posible para que se atrasara, no dándome documentos...»

Sus tres casos son muy similares: Ezkerra los define como «perfil bajo» y los permisos han llegado siempre en la recta final de la condena, generalmente tras idas y venidas «que te vuelven un poco loco», y siempre con el toque absurdo de la prisión (a Ezkerra le quisieron realizar un control de drogas al volver del último permiso, a Remírez le hicieron un análisis el día antes de la excarcelación definitiva...). Con todo, se sienten satisfechos, más que por la experiencia personal por el avance general que supone haber abierto esa brecha, puesto que «dentro de lo individual que es pedir un permiso, nuestro objetivo era colectivo».

Lo que supone salir

Ezkerra y Sagardoi llevaban cinco años entre rejas cuando les llegó el primer permiso; Remírez, apenas diez meses. Conscientes de que ese tiempo no es comparable con el de kides que llevaban 20, 25 o 30 años sin pisar la calle, tampoco ocultan los beneficios para la persona presa y su entorno que conlleva este «vis a vis largo», que es como se lo tomó Sagardoi.

No solo se trata de poder darse un capricho –como la chuleta con que soñaba Remírez, el sagardotegi con la cuadrilla de Ezkerra (aunque accidentado, porque acabó en Urgencias con una infección pulmonar) o la escapada sanferminera de Sagardoi–, sino de recuperar la relación al modo más intenso con familiares y amigos, calibrar la situación fuera, y cargar baterías para seguir afrontando la cárcel.

Ramírez detalla que «el permiso me dio opción de ver cómo estaba mi entorno: el crío, la amatxu... Cuando te vienen a visitar siempre les cuentas las maravillas de la cárcel, no lo jodido que estás. Pero por ejemplo a mí me pasó que me movieron un sábado [de Basauri a Daroca] y el domingo mi familia tuvo un accidente, que me dejó rayado y preocupado. Ver que amatxu o la pareja está bien, ir al pueblo y estar con tu gente, te da una tranquilidad hacia la salida, tanteas cómo está la cosa...»

Ezkerra añade que ese permiso «es como el chute que te dan los vises, pero multiplicado. Y puedes salir de las cuatro paredes y empezar a mirar a lo largo». Completa la perspectiva Sagardoi: «Aunque amigos y familiares te cuenten cómo van cambiando las cosas, hasta que no estás fuera no te das cuenta de cómo ha cambiado todo, porque los detalles son lo que más te choca».

Dicho esto, ¿qué puede suponerles reencontrar la calle a esos presos y presas que llevan media vida dentro? Aunque han convivido dentro con ellos, les cuesta hasta imaginarlo. «Será duro, pero reconfortante», entiende Xabier Sagardoi. «Poder abrazar a amigos que solo has visto tras un cristal todo ese tiempo...», imagina Ezkerra, que se acuerda por ejemplo de Sebas Etxaniz, que a sus 75 años sigue en Villabona (Asturias) sin recibir estos permisos, encerrado en un bucle absurdo en que se le deniegan permisos por no estar en tercer grado y se le prohíbe el tercer grado... por no haber tenido permisos.

Son esos compañeros, coinciden los tres, los que están en el horizonte de esta batalla legal y los que aparecían en su mente cuando tocaron la puerta de la Junta de Tratamiento y el Juzgado: «La putada es que somos la excepción que confirma la regla; la putada es que a mí me lo hayan dado cuando tenía solo un año de condena y me quedaba un mes, pero no se le den a la gente que realmente lo necesita: presos de edad avanzada, presos enfermos...», resume Remírez.

Cumplir la ley, tan simple

Llegados a este punto, no cabe duda de que la cuestión de los permisos será uno de los principales caballos de batalla en el curso que empieza, pendiente en gran parte de quién y cómo gobernará en el Estado. Pero pendiente, sobre todo, de algo tan mínimo como «de que el Gobierno empiece a aplicar sus propias leyes», resume Ekaitz Ezkerra.

«Hay muchos compañeros que tienen todas las de la ley para salir ya», pone sobre la mesa Alfredo Remírez recordando a quienes padecen enfermedades, tienen tres cuartos de condena cumplidos, cumplen todos los requisitos para progresar de grado... Y Xabier Sagardoi no elude destacar que dentro del cuadro carcelario general los presos y presas vascas vienen a ser «ejemplares en conducta, personas con las que se puede estar, aunque oficialmente eso nunca lo vayan a decir».

El objetivo de la iniciativa de EPPK es, añade Ekaitz Ezkerra, que «la legislación se aplique como tiene que ser, es decir, avanzando: permisos, tercer grado y a la calle».

«La pelota está ahora en su tejado –apostilla Remírez mirando a Madrid–. Les toca estar a la altura. El Colectivo ha tomado sus decisiones y las está cumpliendo», subraya.

En las palabras de los tres no se atisba especial optimismo ni pesimismo; si acaso, realismo. Y la realidad cercana, añade el de Amurrio, es que a la vuelta de la esquina de esta semana que entra 47 personas van a ser juzgadas en la Audiencia Nacional por hacer labores de asistencia básica a los presos: «Entre ellas están por ejemplo dos que han sido abogados míos. Son personas que han hecho una labor necesaria y ahora nos toca a nosotros apoyarlos, movilizarnos. Porque este proceso muestra que no quieren fotos de presos ni ongi etorris, pero es que tampoco quieren que los presos tengan visitas, ni atención médica, ni asistencia jurídica...»

Entre los miedos de que hablaba Xabier Sagardoi al dar el primer paso estaba claramente el riesgo de ser utilizados políticamente por aparatos del Estado, por algunos medios... Constatan que afortunadamente no ha ocurrido, que no se ha intentado recrear un escándalo donde solo hay cumplimiento legal, donde el escándalo es precisamente el contrario: que a otras decenas y decenas se les niegue este recorrido legal, empezando por los permisos.

Ekaitz Ezkerra es contundente y a la vez muy sincero al respecto: «¿Costes políticos? Claro que los hay, para todos. Pero hay que sacudirse el polvo, vencer inercias. Nos estamos moviendo dentro de sus legislación, con sus propias leyes; tomar estas decisones en la izquierda abertzale crea contradicciones, miedos, vértigos... sí, pero hay que marcar el camino, seguir adelante, intentar ser dinámicos, descolocarles. ¿Y el pueblo? El pueblo al final lo que quiere es abrazarte», concluye. Los tres lo saben por experiencia propia.