Vía negociada para la imposición

El mundo académico de EEUU hace ya unos años que debate sobre la disyuntiva entre democracia plebiscitaria y democracia representativa. Según la tendencia mayoritaria, la primera nos conduce a fenómenos como el Brexit, la victoria de Trump o el repunte de los partidos xenófobos, mientras que la segunda, pese al riesgo de su degeneración tecnocrática, sería más adecuada para la resolución de problemas complejos.

Esta corriente de pensamiento se ha importado a este lado del Atlántico por parte de los sectores euroentusiastas y, en concreto, a España como argumento preferido para cargar contra el soberanismo catalán. Así el razonamiento de que el referéndum es imposible o ilegal se ha cambiado ahora por la idea de que los referéndumes son divisivos, populistas y, en definitiva, malos. Esta es la línea que defiende el Gobierno español y el propio PSOE, quien asegura que su apuesta es negociar una solución entre los partidos. «Someter a referéndum un pacto y no un desacuerdo», resumen.

El problema es que el debate sobre si las decisiones importantes de una sociedad deben tomarse mediante referéndum, donde un 51% puede imponer sus objetivos de máximos al resto, o mediante una negociación, en la que puede llegarse a mínimos comunes que reúnan a porcentajes mucho más elevados, en el caso catalán es una falsa dicotomía de libro. Porque, en Catalunya, el problema es que la negociación que parió un Estatut apoyado por el 90% del Parlament fue tumbada en un tribunal.

La vía negociada se estrelló y diez años después los partidos aún no han podido encontrar otra fórmula. No hay negociación ni interlocución, ni nadie tiene propuesta alguna que combine la legalidad con la mayoría. Porque el corazón del problema catalán siempre ha sido que no hay acuerdo de mínimos capaz de convencer a la vez a dos tercios de los catalanes y a dos tercios de los españoles. Y mientras eso sea así, toda apelación a la salida negociada es, en realidad, apostar por mantener una imposición a la mayoría.