La Guardia Civil detuvo ayer a nueve independentistas catalanes y realizó una decena de registros en diferentes localidades de las comarcas del Vallès y Osona. La operación, en la que participaron hasta 500 agentes, fue ordenada por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional española. Al menos dos de los detenidos quedaron en libertad con cargos ayer mismo, aunque el grueso fue trasladado a Madrid, donde comparecerán ante el juez a lo largo de esta semana. La investigación está bajo secreto de sumario, pero la detención es comunicada y la acusación de la Fiscalía comprende los delitos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos.

Esto es, grosso modo, lo poco que se sabe de forma objetiva sobre la operación de ayer. A partir de ahí, empieza la propaganda, en forma de filtraciones a las firmas periodísticas habituales, según las cuales los detenidos, vinculados a los Comités de Defensa de la República (CDR), tendrían «material para la fabricación de Goma-2 y el plano de al menos un cuartel de la Guardia Civil». El entrecomillado viene de las páginas de “El Mundo”, pero se reprodujo con escasas variaciones en la mayoría de medios españoles. Añadieron que «los CDR preparaban acciones» que «podían haber ocasionado» víctimas.

Llama la atención, sin embargo, cómo lo que son todo seguridades y afirmaciones en las filtraciones a los medios se convierten en cautelas y fórmulas condicionales en las comunicaciones oficiales. Según señaló la Fiscalía, las detenciones y los registros se realizaron para «incautar pruebas que evidencien el avanzado grado de preparación de sus proyectos terroristas con fines secesionistas». Es decir, parece que las pruebas no existían antes de la operación.

La delegada del Gobierno español en Catalunya, Teresa Cunillera, se apuntó a la tendencia afirmando que las detenciones se enmarcan en la «prevención de posibles actos delictivos que pudieran haber».

Pero la más llamativa fue la propia nota del Ministerio de Interior. En ella se dice que los detenidos «podrían estar preparados para llevar a cabo acciones violentas», la operación estaba «orientada a esclarecer presuntas actividades delictivas» y se incautaron «sustancias consideradas precursores para la confección de explosivos, susceptibles (a espera de confirmación por los especialistas) de ser empleadas en la fabricación de artefactos». Pocas veces se habrá observado tanta cautela en notas de este ministerio.

Un almacén de «correfocs»

El relato sobre los explosivos y las pretensiones «terroristas» de los detenidos fue puesto en cuestión ayer por los propios CDR y todo el movimiento independentista. También por figuras del entorno de los Comuns, como el mismo Gerardo Pisarello, miembro de la Mesa del Congreso y diputado de En Comú Podem.

La Guardia Civil trató de apuntalar su narrativa con la difusión de un breve vídeo en el que aparece el registro de un local en el que un guardia civil enseña una bolsa de plástico azul con algo dentro –por la imagen de escasa calidad, lo mismo puede ser material explosivo que serrín– y varias ollas. Vecinos de Sabadell, ciudad donde se produjo el registro, no tardaron en señalar que el local es el que utiliza como almacén la comisión de fiestas populares del barrio, donde se guarda también material para los correfocs, pasacalles con fuego y petardos bien conocidos en Catalunya.

Tampoco pasó por alto la referencia al hallazgo de un plano de un cuartel de la Guardia Civil en uno de los registros, pues remitía directamente a la anterior operación contra los CDR, efectuada el 10 de abril de 2018.

Los mismos medios anunciaron entonces a bombo y platillo el hallazgo de un plano similar en la casa de Tamara Carrasco, la única detenida de la jornada –el joven Adrià Carrasco se refugió en Bruselas–. Según su defensa, era una captura de Google Maps imprimida. Se le acusó de rebelión y terrorismo, se la llevaron a Madrid a declarar en la Audiencia Nacional tras dos días incomunicada y quedó en libertad con cargos y la estrambótica medida del confinamiento. No ha podido salir de Viladecans (Barcelona) en meses, aunque en noviembre la AN renunció a seguir investigándola, rebajando el caso a un posible delito de desórdenes públicos –todavía por confirmar– y dejándolo en manos de tribunales ordinarios.

Múltiples concentraciones

La respuesta en el seno del independentismo fue inmediata y las concentraciones se multiplicaron en ciudades y pueblos, incluidos Sant Pere de Torelló y Sant Vicenç de Torelló, donde se realizaron algunos de los registros y donde los alcaldes fueron amenazados por la Guardia Civil, que les advirtió de que «pagarían las consecuencias» si había concentraciones durante los diversos registros.

Los CDR y el colectivo antirrepresivo Alerta Solidària, vinculado a la Esquerra Independentista, publicaron ayer un manifiesto en el que exigieron la libertad de los detenidos y pidieron «que la gente salga a la calle con la convicción de que nos jugamos nuestros derechos fundamentales». «Pedimos la confluencia de todas las luchas actuales y en todos los territorios, y así vivificar un verdadero movimiento antirrepresivo, capaz de tumbarlo todo y hacer posible decidir las demandas que todavía hoy quedan pendientes», añadieron en un comunicado dado a conocer a través de las redes sociales.

El TSJC se dirige a Torra para que retire la pancarta de los presos

El president, Quim torra, criticó ayer la operación policial, que vinculó directamente a la inminencia de la sentencia del TS contra el 1-O. «La represión continúa siendo la única respuesta del Estado español. Están intentando volver a construir un relato de violencia antes de las sentencias. No lo conseguirán. El movimiento independentista es y será siempre pacífico», escribió en las redes.

Lo que no esperaba era que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) iba a aprovechar la confusa jornada para requerirle directamente la retirada de la pancarta por la libertad de los presos políticos colocada en la fachada de la Generalitat. Torra reiteró que no la retirará. «Cuando se trata de derechos civiles, sociales y políticos, no nos podemos echar atrás», declaró.

Torra ya será juzgado por desobediencia en noviembre, acusado de no obedecer las órdenes de la Junta Electoral sobre los lazos amarillos. El proceso podría acabar con una inhabilitación que bien podría acelerar la convocatoria de elecciones catalanas o bien podría convertirse en un nuevo y mayor acto de desobediencia.GARA