Representates institucionales y sociales de Ipar Euskal Herria, entre los que se hallan Jean-René Etchegaray, lehendakari y alcalde de Baiona, y Anaiz Funosas, presidenta de Bake Bidea, mostraron ayer su rechazo y enfado ante el maltrato judicial que sufre Xistor Haranburu. La denegación de la libertad a este preso de Senpere de 65 años, que ha pasado casi 30 en la cárcel, y las razones contrarias al sentido común que se dieron para fundamentar el fallo han desatado la indignación.

Haranburu fue condenado en 1990 a cadena perpetua junto con Ion Kepa Parot y Jakes Esnal, pero la sentencia fijaba que podía acceder a la libertad condicional a partir de 2008. Desde entonces han sido varias las demandas de libertad condicional que han tramitado los abogados de Haranburu y, aunque en la última el tribunal se mostró inicialmente favorable a excarcelarlo, finalmente, otra vez, ha terminado plegándose ante los argumentos de la Fiscalía. Una institución que de manera sistemática y casi enfermiza ha venido recurriendo los fallos por los que los tribunales acuerdan la libertad condicional de los presos vascos.

Los argumentos del Tribunal de Aplicación de Penas resultan indignantes para un amplio espectro de la sociedad vasca. Pese a que ETA ya es historia, considera que «el acusado puede volver a reincidir» y que, por tanto, es «una amenaza». En contra de la verdad y la lógica, menospreciando la labor que en el norte del país se ha realizado por la paz en los últimos años y sin tener en cuenta la edad, la solvencia del proyecto de vida y el esfuerzo que ha hecho Haranburu para hacer avanzar su demanda, ha optado por la venganza.

Envenena la vida y el futuro

Los representantes institucionales y sociales de Ipar Euskal Herria ven tras esta decisión un intento de «extender de la frustración» y un «sentimiento de desolación» entre la familia y los allegados de Haranburu.

También observan un intento de «matar en la cárcel» a Haranburu y creen que obvia deliberadamente su «aportación personal en el proceso de paz». De mantenerse esta decisión, consideran responsabilidad propia el hacerle frente porque envenena la vida social y el futuro de Ipar Euskal Herria. A tal fin, llaman a acudir a la «jornada de reflexión» organizada el próximo 2 de noviembre para tratar entre todos la situación de los presos y los pasos a dar de cara a una «solución integral».