Reconozco que el tema del féretro de Franco me ha dado siempre mucha pereza. Es obvio que me parece una aberración tener un mausoleo para un dictador sanguinario y que todas las víctimas del fascismo en el mundo merecen que se destruya el autohomenaje del Valle de los Caídos. Pero, acabadas las obviedades, la pereza sigue intacta, porque el tema siempre me ha parecido una forma muy barata que tienen los gobiernos progresistas para lavar su consciencia o su imagen.

Pero eso era antes. Desde que Pedro Sánchez convirtió la exhumación en una promesa y un símbolo, sigo la telenovela de Franco con tanto entusiasmo como seguí Juego de Tronos. Es digno de la mejor comedia negra ver a todo un Gobierno de una «democracia plena» dar palos de ciego, encontrar obstáculos insalvables, lidiar con oposición externa e interna, y toda la cadena de enredos que está protagonizando Sánchez para hacer, simplemente, lo que otros hicieron hace nada menos que 70 años.

Lo interesante del culebrón, de hecho, no es la trama visible. No es que, así como sin querer, en el trámite judicial el Supremo haya reconocido a Franco como jefe de Estado desde 1936. No es que 181 militares en la reserva, algunos oficiales de alto rango, hayan firmado un manifiesto de «respeto» al dictador. No es tampoco que el ala más ultramontana de la Iglesia haya sacado las uñas como pocas veces antes.

La clave es lo que todo eso destapa sobre la transición, la restauración borbónica y, en definitiva, sobre los cimientos en los que está construido todo nuestro ordenamiento jurídico. Sánchez lleva 16 meses en la Moncloa y, todo ese tiempo, a vueltas con Franco y Cuelgamuros. Si el propio Gobierno no es capaz de sacar de su mausoleo la momia de un dictador fascista más de cuarenta años después de su muerte, ¿cómo esperan que alguien crea que se ha podido sacar el franquismo de cualquier otro estamento del Estado? Ese es el silogismo que pende sobre la cuestión del Valle de los Caídos y que convierte cada uno de sus giros de guión en un espectáculo delicioso.