Ees difícil saber qué tiene que pasar en Euskal Herria para que una noticia adquiera rango de escándalo. Sin embargo, el «oasis vasco» corre el peligro de convertirse en una isla descapitalizada, privatizada y sin conexiones ni por tren ni por internet. La más que posible reventa por parte de Euskatel de la red vasca de fibra óptica, que en su momento y por impulso político se privatizó por un precio irrisorio, y que en siete años ha multiplicado su precio, es una de esas noticias que en cualquier lugar política y económicamente avanzado traerían cola. A estas alturas, ni siquiera el Grupo Vocento es capaz de impactar con una noticia así, que queda diluida en medio de la complacencia, una maquinaria perfecta de humo y la permanente comparación con un Estado español decadente, corrupto y subdesarrollado en diversas áreas.

Cómo malvendieron una infraestructura vital

El 13 de agosto de 2012, lunes, en comisión, con la izquierda abertzale ilegalizada y apenas dos semanas antes de convocar elecciones, PSE, PNV y PP decidieron malvender y privatizar la red pública vasca de fibra óptica. Se opusieron EA y Aralar.

Por la venta se sacaron 68 millones de euros, a cuenta de perder una infraestructura tecnológica estratégica. Para poner las cosas en perspectiva, el Gobierno de Gasteiz tiene un presupuesto que ronda los 12.000 millones anuales. Por ejemplo, en deuda pública se gastan 1.320 millones al año. Para llevarlo a cosas tangibles, con esos 68 millones se cubre el gasto de medio año de la radiotelevisión pública. Un detalle: nadie sabe cuánto invirtieron las administraciones vascas en construir esa red. Teniendo en cuenta que Euskatel pagaba 3,5 millones al año por su uso, en estos siete año se hubiese recuperado más de un tercio de esa suma, 24 millones y medio, y la infraestructura seguiría siendo pública.

En definitiva, fue una operación económicamente ridícula y estratégicamente nefasta. PNV, PSE y PP la defendieron al considerar que revalorizaba las acciones de Euskaltel y, con ello, el patrimonio público del Gobierno de Gasteiz. Los abertzales de izquierda denunciaron que era una trasferencia de valor de lo público a manos privadas y a intereses particulares. Así se ha demostrado.

Pongamos que en las motivaciones del establishment vasco había auténtica nobleza. Aun así, el resultado es que como consecuencia de sus decisiones políticas se han malvendido recursos, patrimonio e infraestructuras. Mirando a la cuenta de resultados, la fama de buenos gestores es discutible. En este contexto, de poco vale traer a pasear a grandes economistas como Mariana Mazzucato si luego se cae en todos los pecados del capitalismo que ella denuncia y no se asumen los errores.

Mentir está fatal

En esta semana, tanto el lehendakari Iñigo Urkullu como el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, han pretendido engañar a la opinión pública vasca. El lehendakari lo ha hecho en la tribuna parlamentaria, en relación a su postura sobre la huelga del Metal y en reacción a las críticas de la oposición. En una de las dos ocasiones, bien cuando se alineó con la patronal, bien cuando aseguró no haber dicho lo que dijo, el lehendakari no acertó. Bastaba con que en el Parlamento hubiese dicho que se equivocó, que no quería decir eso. O que sí, y que lo defiende. Lo que no puede es sostenerlo y a la vez negarlo. Ni acusar al resto de mentir. Sorprende un gesto así en un lehendakari que se ha caracterizado por su rigorismo católico. No se puede estar en misa y repicando.

En el caso del portavoz de Lakua y en relación al affaire Euskaltel, Erkoreka antes de nada delató al lehendakari Patxi López, con cuyo partido paradójicamente gobiernan, como responsable último de haber privatizado la red vasca de fibra óptica. Para ello, primero negó la participación de su partido en aquel negocio y luego aseguró que todas las fuerzas la habían apoyado, algo que es falso en el caso de los soberanistas de izquierda.

Una mala semana la tiene cualquiera. Pero los representantes del PNV deberían reflexionar y enmendar esta tendencia a arrancar con una falsedad y luego ver qué pasa. Se trata de una costumbre arraigada en la cultura política española. Sus socios deberán pensar por qué les deben tanta lealtad, si en el fondo les tratan tan mal. Y sus oponentes deberán diseñar una alternativa que pasa por exigir responsabilidades y plantear alternativas para que la patronal no tenga semejante poder político y para que en el impulso económico público rijan los valores de país y sociedad. Ahí sí se puede competir.