Ya está. En Madrid dicen que será hoy. Podría ser mañana, 79 aniversario del fusilamiento del president Companys, pero difícilmente será más allá del miércoles, día en el que Jordi Cuixart y Jordi Sànchez cumplen dos años de prisión preventiva. Así lo ha filtrado un Supremo que asegura estar muy disgustado por las filtraciones. Si fuese cierto, lo tienen fácil: solo los siete magistrados que componen el tribunal conocen el contenido de la sentencia, pero todos sabemos ya que será por sedición y malversación. Si la sentencia fuese finalmente otra, el troleo del Supremo habrá sido épico.

Llegue finalmente hoy, o lo haga mañana, Catalunya y España están a las puertas del momento que llevan esperando, activa o pasivamente, desde otoño de 2017. El independentismo ha hipotecado buena parte de la actividad política de estos dos años a la llegada de la sentencia, con la esperanza de que propiciase o bien una nueva ventana de oportunidad como la del 1-O –complicado, cuanto menos– o bien la convocatoria de unas nuevas elecciones al Parlament para volver a contarse y probar nuevas aritméticas. La preferencia va por barrios.

Por contra, en el Estado español no son pocos los que han soñado durante estos dos años con que la sentencia suponga la estocada final a la derrota independentista, y traiga así su consiguiente declive. Inútil anhelo, sin embargo. Por mucho que cierre un ciclo político, lo cierto es que la sentencia que conozcamos en las próximas horas no hará sino agravar el conflicto entre Catalunya y España, alejando una solución democrática al mismo. Con todo, hay variables que harán decantar las diversas balanzas hacia un lado u otro. Estas son algunas.

Despropósito judicial

Antes de agobiarnos con el siempre complejo lenguaje jurídico, conviene enfocar bien el marco: cualquier sentencia, absolutamente cualquiera, será un escándalo. Hasta una absolución lo sería a estas alturas. ¿Cómo justificar entonces dos años de prisión preventiva y la privación de derechos políticos a los representantes de cerca de dos millones de catalanes?

Todo el proceso ha sido un despropósito, desde la querella inicial de la Fiscalía –cuyo archivo digital, no lo olviden, llevaba por título “Más grande será la caída”– hasta la sentencia por sedición, que echará por tierra la instrucción de Llarena por el delito de rebelión. No es baladí: tanto el TS como el propio Congreso de los Diputados han podido suspender de sus derechos políticos a los presos porque estaban imputados por rebelión. Si llegan a ser procesados por sedición, a estas horas seguirían siendo parlamentarios.

Dentro del despropósito, en cualquier caso, habrá que poner la lupa en varios aspectos. Por ejemplo, cómo justifica penas diferentes para Carles Mundó y Dolors Bassa, cuando su papel en el proceso fue similar y cuando la razón por la que el primero está en la calle y la segunda en la cárcel es que Mundó dejó la actividad política y Bassa se presentó en las elecciones del 21 de diciembre de 2017.

Habrá que ver también cómo justifican el delito de malversación en el caso de los miembros del Govern, pues sigue sin haberse demostrado que un solo euro de la Generalitat fuese al 1-O. Del mismo modo, habrá que reparar especialmente en la condena de Carme Forcadell, cuya actuación como presienta del Parlament fue similar a la de los cuatro miembros de la Mesa procesados por desobediencia en el TSJC. Y por supuesto, se mirará con atención la condena a Cuixart y Sànchez, dirigentes civiles a los que se responsabiliza de movilizar a la gente. Derechos fundamentales como la manifestación y la expresión tendrán nueva jurisprudencia –a la baja, evidentemente– a partir de esta sentencia.

Por último, será importante observar si el tribunal acepta la petición de la Fiscalía de echar mano del artículo 36.2 del Código Penal para asegurarse de que los condenados no podrán acogerse a beneficios penitenciarios hasta haber cumplido la mitad de unas condenas que, en el caso de Junqueras y algún otro preso del Govern, difícilmente bajará de los 10 años. De fondo, el lugar del cumplimiento de la pena sigue siendo un campo de batalla soterrado.

Pero el apartado judicial del Procés no acaba con esta sentencia. Por un lado, sigue el camino hacia el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Por otro, siguen abiertos infinidad de casos, desde la Audiencia Nacional –Trapero y, desde hace dos semanas, los siete CDRs encarcelados– hasta el TSJC, pasando por Bélgica, donde a Puigdemont y al resto de exconsellers les tocará lidiar de nuevo con una euroorden. Puede que no sea, sin embargo, de forma automática, y que el juez Llarena –la pieza de los exiliados sigue a su cargo– espere a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la inmunidad de los europarlamentarios. El tribunal analiza hoy el caso de Junqueras –no se prevé una decisión antes de dos meses–, pero Puigdemont sigue siendo también eurodiputado.

¿Y las instituciones?

Cuando hablamos de la respuesta a la sentencia en Catalunya, conviene distinguir dos planos. En el marco institucional, el Govern prepara una declaración solemne, mientras que el president del Parlament, Roger Torrent, confirmó ayer que se celebrará un pleno extraordinario sobre la sentencia. ¿Para hacer qué? Está por ver, sobre todo teniendo en cuenta la imprevisibilidad del factor Torra. El president asumió el cargo para llegar hasta aquí, y no parece tener especial interés en salvaguardar su breve carrera política.

También es fácil prever que JxCat tratará de presionar a Torrent –el veto a la investidura de Puigdemont sigue siendo una herida abierta– para que el Parlament vote alguna resolución retórica vinculada a la autodeterminación, después de que el TC advirtiera la semana pasada a la Mesa del Parlament de las consecuencias penales que podría tener ese camino.

Más allá de las tensiones partidistas, sin embargo, es difícil pensar que las instituciones vayan a dar pasos mayores, más si cabe con los partidos españoles blandiendo un 155 que ya tiene manual de instrucciones y con los Mossos alineados con la aplicación estricta de las órdenes judiciales. En plena carrera hacia el 10N, Madrid no tardará en tomar el control de los Mossos si la situación se complicase, pero está por ver que se llegue a tal momento. La alineación astral de aquel otoño de 2017 no será fácil de repetir, y no es descartable que todo acabe con unas nuevas elecciones al Parlament.

Europa, mientras, difícilmente mirará más que de reojo a Catalunya. Con el Brexit a la vuelta de la esquina, la reacción de Bruselas será previsiblemente tibia.

A la espera del tsunami

Más allá de unas instituciones que difícilmente podrán ir más lejos de lo que fueron en 2017, el peso de la respuesta a la sentencia quedará en manos de la gente. Ligar la movilización social a la acción institucional fue una de las claves del 1-O, pero supeditar la activación popular a las decisiones del Govern sigue siendo visto por algunos sectores del independentismo como uno de los grandes errores de la gestión posterior al referéndum. De ahí que esta vez la respuesta popular se quiera articular con mayor autonomía.

Además de las concentraciones en el mismo día de la sentencia, ANC y Òmnium han convocado cinco marchas civiles. Recorrerán 100 kilómetros cada una durante tres días, a lo largo de los cuales las entidades confían en paralizar buena parte de las infraestructuras viarias del país. Cuándo se desarrollarán se dará a conocer tan pronto como se conozca la sentencia.

Pero de forma paralela, a través de las redes se ha articulado la iniciativa Tsunami Democràtic, que anuncia que «la calle será nuestra casa a partir de ahora». Mientras llega el ahora, Telegram y Signal vuelven a ser palabras de actualidad en el diccionario catalán. En los mensajes a través de las redes –127.500 seguidores en el canal de Telegram– inciden en la desobediencia civil y en las prácticas no violentas, y añaden: «En el momento que salga la sentencia explicaremos los primeros pasos, será una respuesta inmediata. Tenemos una sorpresa que al final del día de la sentencia desvelaremos. Todo dependerá de la fuerza de la gente».