Morir en prisión
Son ya 145 personas las que ha aparecido muertas a lo largo de los últimos 11 meses en las cárceles españolas. El Gobierno español no solo las ignora, sino que las justifica argumentando que son muertes que o bien son por motivos «naturales» o bien por «causas» relacionadas con la enfermedad mental, las drogodependencias o las reyertas entre presos que provocan que mueran por «sobredosis», ahorcamiento o asfixia y cuestiones similares que reflejan en sus informes administrativos. Además las oculta negando a las familias de quienes «aparecen» muertos la información veraz de porqué se ha producido esa muerte, con el fin de poder exigir las responsabilidades que se puedan derivar de la actuación por acción u omisión por parte de la institución carcelaria.
No nos olvidemos de que morir por sobredosis en prisión supone que hay mafias que introducen, distribuyen y administran sustancias tóxicas y que ello supone dinámicas de extorsión, en los que quienes son drogodependientes, y no disponen de medios económicos para consumir, son el eslabón más débil de la cadena que finalmente pueden ser «ejecutados» con una «sobredosis o sustancia adulterada». No nos olvidemos de que el hecho de que una persona «aparezca» ahorcada o muerta por asfixia en la celda, no quiere decir que se haya quitado voluntariamente la vida, sino que se la han podido quitar por acción u omisión debido a la incorrecta o simplemente falta de aplicación de los protocolos de suicidio.
Pero qué le importa eso al Gobierno español, qué le importan las personas presas si a fin de cuentas las considera carroña humana, delincuentes fracasados que no se merecen ni la comida que el Estado les da. El Estado tiene cosas más importantes de las que ocuparse como apoyar a las mafias empresariales, ocultar y lucrarse de la corrupción, participar en guerras genocidas, condecorar a sus cuerpos represivos que defienden no nuestros derechos y libertades fundamentales sino la seguridad del propio Estado y, sobre todo, garantizar los intereses de las élites económicas que sustentan a los partidos hegemónicos que nos «gobiernan».
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