ZABALLA, CINCO MUERTES BAJO CUSTODIA DEL ESTADO ESPAñOL

En lo que va de año han fallecido 146 presos en prisiones del Estado español, cinco de ellos en la cárcel de Zaballa. Estas cifras evidencian el fracaso de una Administración penitenciaria que no es capaz de velar por la vida y la salud de las personas que custodia.

Las personas presas tienen derecho a que la Administración penitenciaria vele por sus vidas, su integridad y su salud, sin que puedan, en ningún caso, ser sometidos a torturas, malos tratos de palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las normas. Así lo recoge el artículo 4 del Reglamento Penitenciario, en el que también se advierte de que el «principio inspirador del cumplimiento de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad será la consideración de que el interno es sujeto de derecho y no se halla excluido de la sociedad, sino que continúa formando parte de la misma. En consecuencia, la vida en prisión debe tomar como referencia la vida en libertad, reduciendo al máximo los efectos nocivos del internamiento, favoreciendo los vínculos sociales, la colaboración y participación de las entidades públicas y privadas y el acceso a las prestaciones públicas».

El Estado español presume sobre el papel de una legislación garantista, que salvaguarda los derechos de cerca de 60.000 hombres y mujeres que están encerrados. Sin embargo, los datos ponen de manifiesto los agujeros de un sistema penitenciario que encarcela a personas gravemente enfermas. A personas con cáncer, sida, drogodependencia o patologías siquiátricas, que van engrosando la lista de presos fallecidos en la cárcel. Según datos recogidos por la asociación de funcionarios “Tu abandono me puede matar”, en los últimos once meses, desde el 1 de diciembre de 2018, han fallecido 146 presos, cinco de ellos en el Centro Penitenciario de Araba, más conocido como la cárcel de Zaballa. El 16 de enero falleció un preso por una posible sobredosis, el 7 de febrero se informó de un suicidio en aislamiento, el 1 de abril de un ahorcamiento, el día 25 de ese mismo mes de una muerte por «causas sin determinar» y el 19 de setiembre se notificó el último hecho luctuoso, otra muerte provocada por una supuesta sobredosis.

Las muertes de estos personas bajo custodia del Estado ha suscitado el enfado de formaciones políticas y de asociaciones como Salhaketa, que en numerosas ocasiones ha mostrado su preocupación por «la nula iniciativa de actuación» por parte de las autoridades políticas y judiciales competentes para esclarecer las circunstancias de estas muertes, algo «inaceptable, sobre todo cuando la mayoría de esas muertes podrían evitarse, simplemente, con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente». A su parecer, es necesario que la Fiscalía «no se inhiba» e investigue de oficio las muertes en prisión; y que se desarrollen medidas de sustitución en fase procesal, así como que el Gobierno de Gasteiz y Osakidetza «actúen en consecuencia y ejecuten las competencias en materia sanitaria en las cárceles».

Salhaketa también defiende la aplicación de la legalidad vigente, que garantice el acceso a permisos de salida, tercer grado y libertad condicional, «que son las formas de cumplimiento más acordes con el objetivo final que la ley otorga a las penas privativas de libertad y que contribuyen a disminuir la presión y maltrato sicológico que sufren las personas presas»; y la necesidad de contar con otro juzgado de Vigilancia Penitenciaria en Araba «para dar salida a todos los asuntos de su competencia». Además, solicita la inmediata reforma de la legislación penal «que alarga innecesariamente las condenas», y pide medidas dirigidas a familiares y allegados de las personas fallecidas.

Reclama garantías para que los familiares de personas presas puedan transmitir incidencias a la dirección de la cárcel sin que ello suponga represalias para el preso; y exige que, en el caso de que se produzca una muerte, se faciliten a las familias todos los apoyos necesarios para poder exigir las responsabilidades civiles y penales que se desprenden del «mal funcionamiento de la Administración de Justicia». También solicita que «las direcciones de las prisiones informen con imparcialidad a las familias y no se limiten a buscar que se incinere el cadáver para poder evitar autopsias posteriores que esclarezcan las circunstancias en la que se han producido las muertes».

El portavoz de Salhaketa, César Manzanos, apunta en un artículo de opinión que el Gobierno Español «no solo ignora» las muertes en prisión, «sino que las justifica argumentando que son muertes que o bien son por motivos ‘naturales’ o bien por ‘causas’ relacionadas con la enfermedad mental, las drogodependencias o las reyertas entre presos que provocan que mueran por ‘sobredosis’, ahorcamiento o asfixia y cuestiones similares que reflejan en sus informes administrativos. Pero además las oculta negando a las familias de quienes ‘aparecen’ muertos la información veraz de por qué se ha producido esa muerte, con el fin de poder exigir las responsabilidades que se puedan derivar de la actuación por acción u omisión por parte de la institución carcelaria».

El relato de las familias

Esta situación la conocen muy bien Julio González y José Luis Costillas, padres de Xabier González y Jonathan Costillas. El primero tenía 28 años y falleció en Zaballa el 25 de abril. El segundo tenía 24 años y murió semanas antes, el 1 de abril. En declaraciones a GARA, Julio recuerda el día que recibió la noticia de la muerte de su hijo. «Llamaron a mi mujer, que iba conduciendo y le dijeron ‘tu hijo ha muerto’», señala antes de recordar que un día antes hablaron con él «y estaba bien. El 10 de mayo le iban a decir cuándo salía, pero el 25 de abril apareció en la litera con un edema pulmonar. Parece ser que le mezclaron algunos medicamentos. Y yo quiero saber quién se los dio».

Julio explica que tras la muerte de su hijo se reunió con el director de Zaballa, Benito Aguirre, «que a mí personalmente me dijo que había extorsiones a los familiares y a los presos, y que había gente que se dedicaba a vender pastillas sicotrópicas. Le pregunté que cómo lo permitía y no me supo contestar». «Cuando se vio muy apretado cortó la reunión y nos echó del despacho», manifiesta, y denuncia que el trato recibido por su hijo en prisión fue «bárbaro sicológica y físicamente». «Fue maltratado y llegó a un punto en le que estaba desesperado», apunta, y afirma que su hijo fue agredido por funcionarios y por otros presos. «Un día apareció con dos pinchazos», recuerda antes de lamentar que durante los dos años y tres meses que estuvo preso su hijo no pudo salir ni un día de prisión para ver a sus dos hijas, pese a contar con informes favorables.

«He pagado toda la responsabilidad civil de todos los robos, que no llegaba a 4.000 euros, y le metieron cinco años de prisión después de haber rehecho su vida», advierte Julio, quien apunta que, mientas que las sospechas de filtraciones en la OPE de Osakidetza han dado pie a la dimisión del consejero Jon Darpón y de la directora general del Servicio Vasco de Salud, María Jesús Múgica, en Zaballa han muerto cinco personas bajo custodia en lo que va de año y nadie ha dejado el cargo. «Como son presos no interesa», denuncia, y lamenta que la muerte de su hijo haya sido archivada por la Justicia. «No me queda otra solución que hacer ruido. No tengo derecho a nada, ni yo ni mis nietas. He entregado a mi hijo vivo y me lo han devuelto muerto. No me vale eso de que ha muerto por unas pastillas. Quiero saber quién se las ha dado, saber por qué se permite ese tráfico. Alguien tiene que ser el responsable».

José Luis, el padre de Jonathan, todavía sigue batallando en los tribunales. Quiere que se depuren responsabilidades y se haga justicia. Jonathan apareció ahorcado en una celda de Zaballa el 1 de abril de 2019. Instituciones Penitenciarias sostiene que se trató de un suicidio, aunque él sospecha que alguien pudo acabar con la vida de su hijo, que, según su relato, vivió una «tortura» durante los días previos a su muerte. «Lo abuchearon, le dieron una paliza y al otro día igual lo colgaron. Pero no me dejan ver lo que grabaron las cámaras. ¿Hay derecho a eso?», denuncia. La abogada Maitane Aldanondo reconoce que han solicitado las imágenes como prueba, pero se las han denegado. La vía legal es un duro camino para las familias de las personas fallecidas en prisión, que, en la mayoría de los casos, no pueden afrontar el coste que supone llevar el caso a la Audiencia Nacional. Esto hace que muchos desistan y no lleven hasta el final las denuncias presentadas contra un Estado que no salvaguarda las vidas de los presos.

El director reconoce que en la prisión alavesa hay «mucha droga»

En Zaballa hay «mucha droga». Así lo reconoce el director de la prisión, Benito Aguirre, quien afirma que los muros de la cárcel son «permeables». En una entrevista concedida a “El Correo”, indica que la droga no está permitida, pero advierte de que la única manera de erradicarla es «cerrar con llave» la prisión.

Cuestionado sobre la muerte de cinco presos en lo que va de año, Aguirre apunta que se trata de una «tragedia». «Que abandonen el centro en un furgón fúnebre es el mayor de los fracasos a nivel personal y profesional», señala antes de hablar del perfil de las personas presas.

Explica que se trata de «jóvenes, varones, con un historial de tóxicos muy dilatado», y recuerda que el 4% de las personas encarceladas padece una enfermedad mental, bien sea esquizofrenia, sicosis o depresión.

José María Loizaga, responsable del área penitenciaria de Sidálava, alerta de la sobremedicación que se da en prisión y pone el acento en la necesidad de incrementar los recursos en el exterior. «Hay personas que podrían cumplir las penas en comunidades terapéuticas, pisos de acogida o centros de salud mental, pero no hay plazas», censura.I. S.