Tras no haber logrado alcanzar un acuerdo con los agentes social, el Gobierno francés decidió modificar unilateralmente el sistema de prestaciones por desempleo. Ayer entraron en vigor las medidas que endurecen las condiciones para acceder al cobro del seguro de paro, y a partir del 1 de abril se aplicarán los nuevos criterios para el cálculo de las prestaciones. El Gobierno ha confesado que con estos decretos pretende ahorrar 3.400 millones de euros hasta 2021. Sin embargo, ese objetivo ha quedado oculto por la retórica habitual en estos casos que enfatiza que la reforma incentivará la búsqueda de empleo y permitirá una reducción en el número de personas desempleadas.

Lo que resulta tristemente habitual en estos casos suele ser que los organismos públicos sí ahorran en prestaciones, pero el desempleo no suele disminuir. La falta de trabajo no suele ser consecuencia de la carencia de aptitudes de los trabajadores o de la formación adecuada, sino el resultado de la escasez de oportunidades. Lo que en realidad falla es que la oferta de puestos de trabajo dignos es escasa, tanto la que proviene del sector público como especialmente del privado. No obstante, este tipo de reformas permiten dirigir el foco en otra dirección: apuntan hacia los trabajadores, distorsionando totalmente los términos del debate sobre el desempleo. El resultado final suele ser que las personas en paro pierden ingresos, se ven empujadas hacia la precariedad y la pobreza, al tiempo que se les estigmatiza por no tener un puesto de trabajo. Una estrategia apropiada para seguir creando nuevos pobres, incluso entre aquellas personas que tienen un empleo.

Este tipo de reformas aleja a las sociedades europeas de cualquier ideal de justicia social. En este sentido, el editorial de “Le Monde” –poco sospechoso de ser radical–, ha definido la reforma como «punitiva» y ha cargado con dureza contra Emmanuel Macron, acusándole de priorizar el ajuste económico y financiero a los derechos sociales.