«Avances, atascos y retrocesos en política penitenciaria». Así se titula el exhaustivo informe presentado ayer por el Foro Social Permanente, que compara la situación de los presos vascos en junio de 2018, cuando una moción de censura llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, y en noviembre de 2019.

El informe señala que de 280 presos y presas vascas, se ha pasado a 246, lo que no esconde que han ingresado en prisión otras siete personas. De hecho, en el Estado español el número apenas se ha movido de 222 a 210. Además, de los 41 presos que han recuperado la libertad, 38 lo han hecho tras cumplir íntegramente su condena, uno ha obtenido la libertad condicional en el Estado francés y a dos se les ha suspendido la condena por enfermedad.

En este sentido, el Foro Social Permanente advirtió de que «la situación de la mayoría de las personas presas enfermas –han pasado de ser 21 a 19– no ha evolucionado», aunque valora «positivamente» la prisión domiciliaria en el caso de Aitzol Gogorza y la suspensión de condena a Asier Aginako y José Ángel Ochoa de Eribe, fallecido en octubre, tres meses después de salir de prisión. Es uno de los tres presos –junto a Oier Gómez y Juan Mari Mariezkurrena– fallecidos en el periodo analizado.

Tampoco ha cambiado gran cosa la situación de alejamiento que sufre la mayoría del colectivo en el Estado español. Solo ha habido 25 acercamientos a las cárceles de Villabona, El Dueso, Logroño, Burgos, Dueñas, Soria, Zuera y Valladolid, mientras que cinco de las personas encarceladas en este periodo fueron alejadas. 148 personas están en cárceles situadas en una distancia de entre 520 y 1.100 kilómetros. Entre ellos hay 65 padres y madres, y cinco presos enfermos. Si llevamos el límite más lejos, son 84 personas las que cumplen condena en Andalucía y Murcia, a más de 800 kilómetros de casa. Por contra, solo son cinco los presos que están en Euskal Herria, todos por enfermedad.

Además, el informe subraya que 18 personas cumplen pena en cárceles en las que no hay ningún otro preso vasco. 12 son mujeres, lo que significa que una de cada tres mujeres presas cumple condena sola.

En contraste a estas cifras, sí que se observa un tímido avance en la cuestión de los grados. Si en junio de 2018 eran 204 (el 92%) los que estaban clasificados en primer grado ordinario, este noviembre eran 128 (un 61%). De ellos, además, 31 siguen en régimen cerrado severo. Los movimientos han ido en dos direcciones: 34 presos están en primer grado con flexibilidad, mientras que 45 están en segundo grado. Una cifra ostensiblemente mayor que la de hace año y medio, cuando solo eran 14. La denegación de permisos sigue siendo, sin embargo, la norma.

La metáfora del vaso

«A la vista de estos datos, algunos agentes incluidos entre las entidades del propio Foro Social interpretarán estos datos como un ‘vaso medio vacío’. Otras, sin embargo, lo verán como un ‘vaso medio lleno’. Desde el Foro estamos convencidas de que toca ya superar este debate y acometer la tarea de ‘llenar el vaso’ y, de manera definitiva, dar una resolución a esta cuestión pendiente», destacó ayer Agus Hernan, que compareció ante los medios de comunicación junto a Teresa Toda.

Pese a que advirtió de que «tal vez en el Gobierno español ha pesado más un principio de cautividad a unas políticas que respondían a realidades y estrategias del pasado», aseveró que «desde nuestro punto de vista, los datos del informe corroboran la voluntad de las partes y perfila ya con nitidez cómo se va a dar ese itinerario».

De ahí que, en nombre de la fidelidad a la «filosofía de poner en valor siempre los avances», desde el Foro Social considerasen que este tiempo ha permitido «consolidar el extenso consenso institucional, político, sindical y social existente en nuestro país». Hernan añadió que «hace un año las razones que unían a los actores eran de tipo humanitario», mientras que «a día de hoy coinciden en dos aspectos muy importantes: se debe aplicar exclusivamente una legislación ordinaria y una política penitenciaria normalizada; y resolver esta cuestión en un plazo razonable sería una importante aportación a la construcción de una convivencia democrática». Para concluir, señaló que «poco a poco se están construyendo las condiciones para que, en un plazo razonable, siempre que se haga de manera decidida y constante, se pueda adecuar la política penitenciaria al nuevo tiempo».