La fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha pedido abrir una investigación por supuestos crímenes de guerra en Palestina, una demanda que las autoridades palestinas venían exigiendo hace años por la operación militar en Gaza de 2014, así como por la colonización de Cisjordania, incluida Jerusalén Este. La fiscal pide además ahondar en la investigación de la muerte de más de 230 palestinos durante las marchas semanales de Gaza que comenzaron en marzo de 2018.

Bensouda informó de que, tras concluir el examen preliminar que inició en 2018 a petición del Gobierno palestino, como Estado parte del Estatuto de Roma, se dan «todos los criterios» para abrir una investigación formal y que «existe una base razonable» para pensar que se han cometido crímenes de guerra suficientes para iniciar una investigación.

Bensouda ha solicitado que los jueces determinen antes el alcance de la jurisdicción territorial del TPI en este caso.

Precisamente, este es uno de los argumentos de Israel para rechazar su jurisdicción. Israel sostiene que solo se aplica solo a estados soberanos, y «nunca hubo un Estado palestino».

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó de inmediato la investigación y apeló al «antisemitismo» y a la «patria ancestral de los judios, la tierra de la Biblia». Asimismo, acusó a Bensouda de convertir el TPI «en una herramienta política para deslegitimar al Estado de Israel». «No nos quedaremos callados ante esta parodia de justicia», afirmó.

El secretario general de la OLP, Saeb Erekat, coincidió en que «es un día negro en la historia de Israel» al constatar «un paso adelante» contra la impunidad, y añadió que la excusa del antisemitismo usada por Israel «no se abrirá paso en el TPI. Puede que tenga éxito a nivel político, con sus aliados en algunos países europeos, pero no es legal».

Erekat criticó la «reacción histérica de Israel», estimando que es la propia de «un Estado que se considera por encima de la ley, con un sistema legal destinado a normalizar la situación de ocupación perpetua, los asentamientos y la anexión, todo ello en violación del Derecho Internacional».

Además, subrayó que el Estado palestino «tiene soberanía sobre su territorio en base a las fronteras de 1967, incluido Jerusalén Este», lo que le permitió entrar en el TPI en 2015 y presentar este caso.